El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha decidido dar un paso al frente ante la creciente inestabilidad política y social en Venezuela y ha convocado a consultas y a una reunión conjunta a todos los portavoces de los partidos con representación en el Parlamento autonómico. El objetivo es claro: definir una hoja de ruta común que permita proteger y apoyar a la comunidad canario-venezolana, considerada un pilar histórico, social y económico para el Archipiélago.
La iniciativa del Ejecutivo autonómico busca coordinar una respuesta política consensuada ante un escenario que genera incertidumbre y preocupación entre miles de familias con raíces canarias que residen en el país sudamericano. Canarias mantiene con Venezuela uno de sus vínculos migratorios más profundos, con decenas de miles de ciudadanos y descendientes de isleños que forman parte activa de la llamada octava isla.
Según fuentes del Gobierno, la reunión servirá para analizar la situación actual, escuchar a los grupos políticos y establecer líneas de actuación que incluyan apoyo institucional, seguimiento permanente y coordinación con asociaciones de canarios en Venezuela y con el Estado.
Clavijo pretende que Canarias hable con una sola voz, al margen de siglas, en defensa de una comunidad que ha sido clave en la historia reciente del Archipiélago y que hoy vuelve a situarse en el centro de la agenda política canaria.
Los 60.000 canarios en la “novena isla” Venezuela, al otro lado del Atlántico
Venezuela alberga una de las mayores comunidades canarias en el exterior, con una población estimada de alrededor de 60.000 ciudadanos y descendientes de canarios, concentrados principalmente en Caracas, Maracaibo, Valencia y el eje costero. Esta colonia es fruto de varias oleadas migratorias, especialmente intensas entre los años 40 y 70 del siglo pasado, cuando miles de isleños cruzaron el Atlántico en busca de oportunidades.
La comunidad canario-venezolana ha sido históricamente un motor económico, social y cultural, con fuerte presencia en sectores como el comercio, la hostelería, la agricultura y el transporte, además de una amplia red de casas canarias, asociaciones y centros culturales que han mantenido vivo el vínculo con las Islas.
En los últimos años, la crisis política, económica y social del país ha golpeado con dureza a esta población, provocando retornos forzados, pérdida de patrimonio y una creciente demanda de apoyo institucional, sanitario y social.
Para Canarias, esta comunidad no es solo una realidad demográfica, sino un activo estratégico y emocional, clave en las relaciones exteriores del Archipiélago y en la defensa de los derechos de los canarios más allá de sus fronteras.