Venezuela ha transitado en apenas 48 horas de una aparente calma institucional a un clima creciente de tensión política y social. Tras las últimas juras y actos de reafirmación del poder por parte del régimen de Nicolás Maduro, el país vuelve a situarse en un escenario de máxima vigilancia, con fuertes restricciones informativas y un notable aumento de la presión en zonas estratégicas.
El Gobierno venezolano ha bloqueado la entrada de periodistas internacionales y ha limitado de forma severa la labor de los corresponsales ya presentes en el país, una medida que refuerza la opacidad informativa en un momento especialmente delicado. Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de prensa han denunciado la falta de garantías para el ejercicio del periodismo y el cierre de vías independientes de información.
Uno de los puntos más sensibles es la frontera con Colombia, que se ha convertido en un enclave de alta fragilidad. El aumento de la presencia militar, los controles reforzados y los movimientos irregulares de población elevan la tensión en una zona históricamente marcada por el contrabando, la migración forzada y la actividad de grupos armados.
Mientras el régimen insiste en proyectar una imagen de estabilidad y control, sobre el terreno crece la incertidumbre. La combinación de aislamiento mediático, presión fronteriza y desconfianza interna vuelve a colocar a Venezuela en el foco de la preocupación regional e internacional.