El Gobierno central ha reactivado el debate sobre la financiación autonómica con una propuesta que sacude los cimientos del sistema actual. Hacienda plantea ceder a las comunidades el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, una medida que reduce el peso redistributivo del Estado y que llega acompañada de 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña.
La iniciativa, presentada como una modernización del modelo, es vista por numerosas comunidades como un cambio de reglas que favorece a los territorios con mayor capacidad recaudatoria y pone en riesgo el principio de solidaridad interterritorial.
Canarias, en guardia ante un sistema que puede debilitar la solidaridad
Canarias observa el nuevo planteamiento con máxima cautela. Aunque el Archipiélago cuenta con un Régimen Económico y Fiscal propio, cualquier debilitamiento de la caja común del Estado afecta directamente a su capacidad para garantizar servicios públicos en un territorio fragmentado y alejado.
Desde las Islas se advierte de que una financiación “a la carta” puede acentuar desigualdades, reducir fondos compensatorios y abrir un escenario en el que la solidaridad territorial quede supeditada a pactos políticos.