El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto un nuevo paquete de sanciones contra Irán, dirigido tanto a altos funcionarios como a sectores estratégicos de la economía, en respuesta a la represión interna de protestas y las acciones de Teherán en política exterior. Entre los sancionados se incluyen responsables políticos y militares acusados de coordinar la respuesta violenta contra manifestantes, así como entidades y redes financieras que canalizan recursos del petróleo y los petroquímicos, los cuales se consideran fundamentales para sostener la maquinaria represiva del régimen. Estas medidas implican congelación de activos y prohibición de hacer negocios con ciudadanos o empresas estadounidenses, con el objetivo de aumentar la presión internacional y forzar cambios en el comportamiento del régimen iraní.