Europa lleva décadas avanzando —con dificultad, lentitud y no pocas contradicciones— hacia un modelo agrícola más seguro para la salud humana y el medio ambiente. La regulación progresiva del uso de pesticidas y fitosanitarios ha sido una de las piedras angulares de ese camino. No por capricho ideológico, sino por evidencia científica: el uso intensivo de determinados productos químicos en la agricultura está directamente relacionado con graves problemas de salud pública, entre ellos distintos tipos de cáncer, alteraciones endocrinas y enfermedades neurológicas.
El problema es que ese esfuerzo, que ha recaído casi en exclusiva sobre los hombros del agricultor y el ganadero europeo, corre hoy el riesgo de convertirse en una trampa mortal para el propio sector. La inminente firma del tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur amenaza con dinamitar años de exigencias normativas, controles sanitarios y sobrecostes productivos impuestos en nombre de la seguridad alimentaria.
Europa ha limitado sustancias, ha reducido rendimientos, ha incrementado costes y ha obligado a sus productores a competir en clara desventaja. Mientras tanto, abre sus fronteras a productos procedentes de países donde esas restricciones no existen o son meramente testimoniales. Alimentos producidos con pesticidas prohibidos en la UE, con estándares laborales y ambientales mucho más laxos y con un coste final artificialmente bajo.
El resultado es evidente: productos más baratos en el lineal del supermercado, sí, pero también potencialmente más tóxicos y con una huella ambiental y sanitaria que alguien acabará pagando. Y no será el productor de Mercosur, sino el consumidor europeo y el sistema público de salud.
"Se nos vende el acuerdo como una oportunidad comercial... Pero en realidad estamos ante una operación de desmantelamiento silencioso."
Una agricultura que ya sobrevive con márgenes mínimos, asfixiada por la burocracia, la subida de costes energéticos y la presión normativa, no puede competir con importaciones que juegan con reglas completamente distintas.
Urgencia estratégica
Hablar de soberanía alimentaria en este contexto deja de ser un eslogan para convertirse en una urgencia estratégica. Cuando Europa renuncia a producir sus propios alimentos en condiciones seguras y sostenibles, y delega esa responsabilidad en terceros países, pierde algo más que empleo rural o tejido productivo: pierde control, autonomía y seguridad.
Porque la alimentación no es un bien cualquiera. No es un coche, ni un electrodoméstico. Es salud, es territorio y es estabilidad social. Depender de cadenas de suministro externas para alimentar a más de 400 millones de ciudadanos es una temeridad que sólo puede entenderse desde una lógica globalista que prioriza el beneficio inmediato y la deslocalización frente al interés general.
Europa se ha convertido, paradójicamente, en víctima de su propio discurso. Exige a sus productores lo que no exige a sus socios comerciales. Penaliza al agricultor local mientras premia al importador. Y todo ello bajo una narrativa verde que pierde credibilidad cuando se analizan sus consecuencias reales.
El tratado Mercosur no es sólo un acuerdo comercial. Es una declaración de intenciones. Y el primer objetivo a batir es claro: la autosuficiencia alimentaria europea. Si cae el sector primario, cae una parte esencial del proyecto europeo. Y lo hará sin grandes titulares, sin protestas masivas en las capitales, pero con un impacto profundo y duradero.
"La pregunta ya no es si Europa puede permitirse este acuerdo. La pregunta es si puede permitirse sobrevivir sin agricultores, sin ganaderos y sin control sobre lo que pone en el plato de sus ciudadanos."
Sobre el Autor
Miguel Arriaga es economista especializado en análisis de mercados y datos. Sus columnas se centran en el impacto de las políticas globales sobre las economías locales y la sostenibilidad estratégica.