El Gobierno de Canarias ha decidido reducir al “mínimo necesario” el alcance de la futura Ciudad de la Justicia con el objetivo de desatascar definitivamente su tramitación, paralizada desde hace años. El Ejecutivo autonómico plantea recortar en más de la mitad el ámbito de actuación previsto inicialmente, simplificando el proyecto para hacerlo viable desde el punto de vista urbanístico, técnico y administrativo.
La nueva estrategia prioriza poner en marcha cuanto antes las sedes judiciales esenciales, dejando para fases posteriores posibles ampliaciones. Con este giro, el Gobierno canario busca evitar nuevos bloqueos, acelerar los plazos y dar respuesta a una infraestructura largamente demandada por el sistema judicial y la ciudadanía, frente a un modelo sobredimensionado que ha impedido avanzar hasta ahora.