El secretario general de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, advirtió este martes de que Canarias atraviesa una situación “extrema” en el acceso a la vivienda, comparable —según afirmó— a etapas previas a la consolidación democrática. El dirigente nacionalista denunció que cada vez más personas se ven obligadas a residir en vehículos, caravanas, cuevas o antiguas cuarterías ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.
Campos responsabilizó directamente al Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo del agravamiento de la crisis habitacional, que, a su juicio, se ha intensificado de manera notable durante los dos años de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. “La vivienda es hoy el principal problema de la ciudadanía y no solo no se ha afrontado con la urgencia necesaria, sino que ha empeorado”, sostuvo.
El líder de NC-BC alertó de que esta realidad, muy presente en décadas pasadas, se había reducido de forma significativa durante los años ochenta y noventa, y lamentó que el Archipiélago esté “retrocediendo a situaciones que se creían superadas”. Además, subrayó que el problema ya no se limita a colectivos vulnerables o a jóvenes que buscan emanciparse, sino que afecta a amplias capas de la población, para las que comprar o alquilar una vivienda se ha vuelto inasumible.
Según Campos, en los últimos dos años y medio se ha producido un incremento constante del precio tanto del alquiler como de la vivienda nueva y usada, sin que el Gobierno autonómico haya aplicado políticas eficaces para contenerlo. En este contexto, acusó al presidente canario de situar el acceso a la vivienda “en su peor momento en varias décadas”.
El portavoz parlamentario criticó, además, que el Ejecutivo haya promovido medidas que, a su entender, benefician a grandes propietarios y fondos especulativos, citando decretos aprobados sin debate parlamentario, como el de febrero de 2024. Normas que, afirmó, no han dado resultados positivos y han profundizado el problema.
Campos también reprochó al Gobierno haber rechazado de forma reiterada propuestas de Nueva Canarias, como una moratoria temporal al alquiler vacacional, un plan para movilizar parte de las más de 200.000 viviendas vacías del Archipiélago, una nueva Ley Canaria de Vivienda o la aplicación de mecanismos previstos en la legislación estatal, como la declaración de zonas tensionadas.