El Pleno del Parlamento de Canarias rechazó, este miércoles, una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista para apoyar la propuesta del Gobierno de España para la revisión integral del sistema de financiación autonómica, al considerar que se trata de una “reforma histórica” que corregirá la infrafinanciación de Canarias.
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, recordó que la revisión integral del sistema de financiación autonómica es un debate que se aborda por primera vez en doce años, y subrayó que esta revisión es consecuencia directa de un Gobierno de España “comprometido con garantizar recursos suficientes a las comunidades autónomas para sostener servicios públicos de calidad, siendo plenamente consciente de la complejidad de un sistema que debe adaptarse a realidades territoriales, demográficas y económicas muy distintas”.
El diputado socialista recalcó que el modelo vigente no ha sabido adaptarse a los profundos cambios experimentados por el país, lo que ha generado tres efectos claros: infrafinanciación relativa de determinadas comunidades, falta de equidad horizontal entre territorios e insuficiencia estructural para sostener adecuadamente los servicios públicos fundamentales. “Canarias también ha sufrido estas disfunciones”, afirmó.
Hernández destacó el valor de la propuesta del Ejecutivo estatal, que supone una revisión integral del sistema y no una simple corrección parcial, articulada sobre principios “técnicamente indiscutibles”: incremento global de recursos, mejora de los mecanismos de nivelación, mayor precisión en el cálculo de la población ajustada, refuerzo de la corresponsabilidad fiscal, reconocimiento de las singularidades territoriales y simplificación del modelo.
Asimismo, defendió que la propuesta es plenamente coherente con el modelo autonómico constitucional, al reforzar la autonomía financiera, mejorar la corresponsabilidad fiscal y consolidar la solidaridad interterritorial.
Para Hernández, desde el punto de vista cuantitativo, el nuevo sistema se verá reforzado con cerca de 21.000 millones de euros adicionales para el conjunto de las comunidades autónomas, junto a una profunda reforma del Fondo de Compensación Interterritorial, orientada a corregir desequilibrios estructurales de capacidad tributaria, de la que Canarias resultará especialmente beneficiada.
Además, destacó que se incorporan variables que reflejan con mayor precisión las necesidades reales de gasto, y desde el punto de vista redistributivo se reducen de forma efectiva las brechas de financiación por habitante ajustado.
“El impacto para Canarias es especialmente positivo”, señaló Hernández. En concreto, con la aplicación del nuevo modelo, la comunidad autónoma recibiría en 2027 un incremento directo de recursos estimado en 611 millones de euros, a los que se sumarían al menos 500 millones adicionales derivados de la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial.
En términos agregados, más de 1.111 millones de euros nuevos al año, permitiendo por primera vez la convergencia real con la media nacional de financiación autonómica.
“Esto significa que el problema histórico de infrafinanciación de Canarias quedaría sustancialmente corregido. No parcialmente mitigado, sino corregido”, enfatizó, destacando que estos recursos permitirán sostener con calidad la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, la vivienda y las políticas de empleo.
Hernández quiso subrayar que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias mantiene su carácter adicional, quedando al margen del sistema de financiación autonómica. “No hay cupo catalán, no hay pérdida de 4.000 millones, no hay integración del REF. Lo que sí ha habido es mucho discurso apocalíptico y mucha mala política”, afirmó.
Asimismo, advirtió de que resolver la financiación no equivale automáticamente a resolver los problemas de la ciudadanía, señalando la deficiente capacidad de gestión del actual Gobierno de Canarias y una orientación ideológica basada en rebajas fiscales regresivas y privatización de servicios públicos.
Por ello, la PNL “va más allá del respaldo a la reforma y establece criterios claros para el destino de los nuevos recursos, priorizando el refuerzo de los servicios públicos esenciales, rechazando su uso para políticas fiscales injustas y exigiendo una negociación institucional leal que defienda los intereses generales de Canarias”.
“Canarias necesita recursos, pero también políticas públicas eficaces y redistributivas”, concluyó Hernández.