AENA vuelve a situar a Canarias ante una encrucijada que no es técnica ni financiera, sino política y social. La empresa semipública que gestiona la red aeroportuaria española anuncia por un lado inversiones millonarias en los aeropuertos del Archipiélago -1.800 millones de euros en el próximo ciclo, definido en el llamado Plan DORA 2-, pero condiciona esa programación a una subida de tasas que, con una sorprendente ligereza, minimiza a la cantidad de 30 céntimos por pasajero y trayecto. El mensaje implícito es tan sencillo como preocupante: si las Islas quieren inversiones, deben aceptar pagar más. Y no hay distinciones entre residentes o turistas, ni consideración alguna a una tozuda realidad que señala que en los territorios insulares la conectividad aérea es un servicio de simple y pura primera necesidad.
Conviene recordar algunos hechos. AENA es hoy una sociedad mercantil con un 49% de capital privado. Su accionista mayoritario sigue siendo el Estado, a través de Enaire, dependiente del Ministerio de Transportes. No hablamos, por tanto, de una empresa cualquiera sometida únicamente a la lógica del mercado. Hablamos de una compañía cuya orientación estratégica está, o debería estar, subordinada al interés general. Sin embargo, la dinámica que se observa desde hace años revela una deriva cada vez más marcada hacia la maximización del beneficio.
Las tasas aeroportuarias, los aparcamientos, los alquileres comerciales, la explotación de espacios… todo responde a una lógica de monetización exhaustiva de los aeródromos. En sí misma, la rentabilidad no es un problema. Este medio no se encuentra entre aquellos que satanizan el desarrollo de una actividad económica capaz de generar prosperidad colectiva y empleo. En cambio, sí consideramos criticable convertir infraestructuras estratégicas en simples espacios destinados a exprimir el rendimiento financiero, especialmente en territorios que dependen de ellas para su supervivencia económica y social. Es el caso de las Islas.
Canarias no tiene alternativa al avión. No es una metáfora. Es un hecho geográfico. Ocho aeropuertos de interés general articulan la vida económica, sanitaria, educativa y turística del Archipiélago. La conectividad aérea no es aquí un lujo competitivo: es la condición básica para la igualdad. Por ello, resulta muy poco adecuado frivolizar con el incremento de tasas y limitarlo a una cuestión de céntimos, como están señalando estos días los portavoces de la empresa semipública. Porque cada céntimo añadido a la estructura de costes del transporte repercute en la competitividad del destino y en el bolsillo de los residentes.
El argumento de AENA es conocido: la red canaria es altamente rentable gracias a su volumen de tráfico, y precisamente por ello puede soportar un ligero incremento tarifario que financie nuevas ampliaciones y mejoras futuras que, dicho sea de paso, ya se han demorado bastante en el tiempo. Pero, además, ese razonamiento encierra una trampa. Los aeropuertos de Canarias son rentables porque la economía turística ha vivido un ciclo expansivo extraordinario. Subir tasas en tiempos de bonanza puede parecer inocuo. El problema surge cuando la economía se desacelera, el turismo se contrae o la competencia internacional se intensifica. Entonces, los sobrecostes acumulados se convierten en un lastre. AENA está mirando más a un presente próspero que a un futuro incierto. Suele pasar en las épocas de crecimiento económico, tendemos a pensar que van a durar siempre. Sabemos perfectamente que no es así.
El riesgo no es teórico. En un mercado turístico globalizado, donde los destinos compiten en precio, conectividad y calidad, cualquier elemento que encarezca la operativa aérea termina afectando a las decisiones de las aerolíneas. Y las aerolíneas, a diferencia de las infraestructuras, sí pueden mover ficha con rapidez. Reducir frecuencias, cancelar rutas o reorientar flotas es más sencillo que amortizar una ampliación de una terminal sobredimensionada. Algunas señales inquietantes al respecto hemos visto ya, y la queja de las aerolíneas, expresada esta misma semana a través de su asociación representativa, resulta muy llamativa.
A todo ello se suma una cuestión institucional de primer orden: el déficit de participación real de las administraciones canarias en las decisiones estratégicas. El artículo 161 del Estatuto de Autonomía establece con claridad la participación de la Comunidad Autónoma en la planificación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general. No es una concesión graciosa. Es un mandato con rango orgánico. Sin embargo, las decisiones clave, como la política tarifaria o la programación inversora, se siguen adoptando en Madrid con un diálogo limitado y, en demasiadas ocasiones, meramente formal. El Ministerio de Transportes trata de ocultar esta evidencia clamorosa citando la existencia de los comités de coordinación aeroportuaria, pero estos organismos han demostrado una eficacia más que discutible. Y cuando se plantean reformas o ajustes relevantes, la interlocución llega tarde y sin capacidad real de incidencia.
Y este es el verdadero problema de fondo: no se trata solo de 30 céntimos. Se trata del modelo. ¿Son los aeropuertos canarios una pieza más de una red concebida ante todo como instrumento de rentabilidad corporativa, o por el contrario son infraestructuras estratégicas cuya gestión debe integrar de manera efectiva la singularidad isleña y ultraperiférica? El Estatuto de Autonomía lo dice claramente, y resulta simplemente escandaloso el incumplimiento sistemático de una norma que es la columna vertebral del autogobierno canario y que, por tanto, forma parte del bloque de constitucionalidad con la máxima protección.
El Gobierno central no puede eludir su responsabilidad escudándose en la autonomía empresarial de AENA. Con el 51% del capital en manos públicas, el Estado tiene la capacidad y la obligación de orientar la política aeroportuaria conforme al interés general. Y en el caso de Canarias, ese interés general pasa por reforzar la competitividad, garantizar la conectividad y evitar decisiones que, en ciclos económicos adversos, puedan convertirse en un bumerán. Nadie discute la necesidad de modernizar infraestructuras, ampliar terminales o adaptar instalaciones a los nuevos estándares ambientales y tecnológicos. Lo que se cuestiona es el mecanismo y la filosofía que subyacen a la propuesta actual. Invertir sí, pero no a cualquier precio, ni bajo la lógica de que la única vía posible sea trasladar sistemáticamente el coste al pasajero. Canarias necesita estabilidad, previsibilidad y una política aeroportuaria pensada a largo plazo, no decisiones coyunturales orientadas a mejorar la cuenta de resultados de una sociedad cotizada.
El debate está servido. Y esta vez no basta con anunciar cifras de inversión acompañadas de una subida aparentemente modesta. Lo que está en juego es el equilibrio entre rentabilidad y servicio público, entre mercado y cohesión territorial. En un territorio ultraperiférico, ese equilibrio no es una cuestión contable: es una cuestión de justicia. Así que seguiremos denunciando el enésimo sablazo voraz de AENA.