Los ‘advisors’ y sus comisiones en primera línea del caos inmobiliario
El mercado del alquiler vive una creciente tensión. Los precios siguen al alza y la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos ha generado incertidumbre tanto en propietarios como en inquilinos. Muchos dueños, temerosos de perder control sobre sus viviendas o de enfrentarse a mayores trabas legales para recuperar sus inmuebles, endurecen las condiciones o se muestran reacios a renovar contratos.
Del otro lado, los inquilinos sienten una creciente sensación de coerción: miedo a reclamar reparaciones, a pedir facturas o incluso a inscribirse en el padrón por temor a represalias o subidas del alquiler. La relación, ya desequilibrada, se ha tensado aún más, evidenciando la necesidad de un marco estable que proteja a ambas partes y devuelva confianza al mercado.
La avaricia rompe el saco
A la tensión natural del mercado se suma un nuevo factor: los informes y valoraciones elaborados por parte de inmobiliarias y supuestos profesionales del sector, que en muchos casos inflan artificialmente los precios. Estos documentos, presentados como estudios “técnicos”, sirven de coartada para justificar subidas desproporcionadas y empujar a los propietarios a exigir más allá de lo razonable. En medio de ese juego, los inquilinos quedan desamparados, sometidos a presiones, vejaciones y exigencias que rozan el abuso. El resultado es un clima de desconfianza y resentimiento mutuo, donde propietarios e inquilinos se ven como enemigos, y los mediadores —más interesados en sus comisiones que en el equilibrio social— alimentan la espiral especulativa que ahoga a miles de familias.
Según ha sabido esta redacción, el Gobierno estatal y varias administraciones regionales están trabajando en un nuevo marco regulador que busque reducir la actual tensión del mercado del alquiler. El objetivo es eliminar intervencionismos excesivos y establecer un sistema más coherente y equilibrado para ambas partes: propietarios e inquilinos. La intención es poner fin a la locura actual, marcada por precios inflados, abusos y falta de estabilidad. Además, el Ejecutivo quiere dar un orden definitivo al fenómeno de las viviendas vacacionales, cuya expansión descontrolada ha contribuido a la escasez de oferta residencial y a la distorsión del mercado en las principales zonas urbanas y turísticas.
