La futura transferencia de varios aeródromos y helipuertos del Archipiélago ha vuelto a abrir un frente político entre el Gobierno de Canarias y el Estado casi ocho años después de la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de 2018. El Ejecutivo central ha reconocido la viabilidad jurídica para ceder once instalaciones aéreas no consideradas de interés general, mientras Canarias insiste en que las competencias recogidas en el Estatuto siguen sin desarrollarse plenamente.

Entre las infraestructuras incluidas aparecen el aeródromo de Antigua, en Fuerteventura; el de El Berriel, en Gran Canaria; además de varios helipuertos sanitarios y de emergencias en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera.

El debate vuelve a poner sobre la mesa el control de la gestión aeroportuaria en las Islas, especialmente tras años de tensiones por inversiones de AENA, capacidad operativa y planificación estratégica del transporte aéreo canario. Desde el Gobierno autonómico se considera que el traspaso llega tarde y que el Estatuto ya contemplaba desde 2018 mayores competencias sobre infraestructuras aeroportuarias que no fueran de interés estatal.

La negociación entre ambas administraciones continúa abierta y amenaza con convertirse en un nuevo foco de confrontación institucional entre Canarias y Madrid.