El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó este martes en el Senado que el Gobierno de España mantendrá durante junio una reunión con Canarias para abordar las competencias aeroportuarias, una reivindicación histórica del Archipiélago que el Ejecutivo autonómico ha situado en el centro de la negociación con el Estado.

Las palabras de Torres vienen a certificar públicamente lo que ya había adelantado el Gobierno de Canarias: la apertura de un proceso para estudiar fórmulas de gestión y cogestión de los aeropuertos canarios. Sin embargo, el ministro evitó referirse a una de las principales exigencias planteadas por el Ejecutivo regional: la compensación económica de 360 millones de euros vinculada a la gestión aeroportuaria y a las inversiones estratégicas reclamadas por las Islas.

El anuncio supone un paso político relevante en un debate que lleva años sobre la mesa y que cobra especial importancia en una comunidad donde los aeropuertos son infraestructuras esenciales para la movilidad, el turismo y la cohesión territorial. Ahora, la atención se centra en la reunión prevista para este mes y en si el Estado está dispuesto a ir más allá de la cogestión para atender también las demandas económicas planteadas por Canarias.

Canarias espera hechos: la reclamación de 360 millones sigue sin respuesta

Mientras Madrid confirma el encuentro sobre competencias aeroportuarias, el Ejecutivo canario mantiene sobre la mesa la exigencia de 360 millones de euros. Una cifra que el ministro no mencionó en su intervención y que se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción en la negociación entre ambas administraciones. El Gobierno regional insiste en que no basta con participar en la gestión: reclama también recursos e inversiones acordes al peso estratégico que tienen los aeropuertos en la economía canaria.