Ángel Víctor Torres acusa a Feijóo y Abascal de utilizar la crisis migratoria en Canarias para «arañar votos»

Ángel Víctor Torres en El Hierro

El ministro de Política Territorial exige a los líderes del PP y Vox que pidan perdón al archipiélago por rechazar el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas y cifra en 20 millones de euros los fondos estatales destinados a atender la situación migratoria.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que rectifiquen su posición sobre la acogida de menores migrantes y ha acusado a los dirigentes del PP y Vox de utilizar la situación de Canarias con fines electorales, aprovechándose de «el dolor de las personas» que llegan a las islas para intentar «arañar votos».

Durante un acto de campaña celebrado en el mercado central de Las Palmas de Gran Canaria, el también secretario general del PSOE canario reprochó a ambas formaciones su rechazo a la reforma legislativa que establece la distribución obligatoria de menores migrantes entre las comunidades autónomas para aliviar la presión asistencial de Canarias, Ceuta y Melilla.

Torres exigió a los dos dirigentes nacionales que «pidan perdón» al archipiélago y cuestionó que sus partidos se presenten como organizaciones con «criterio de Estado» después de haber votado en contra de una medida que, según defendió, requiere la implicación del conjunto del país.

«Cuando tienen que demostrar que defienden a esta tierra, votan en contra», manifestó el ministro, que también dirigió sus críticas a los representantes autonómicos del PP y Vox.

El dirigente socialista contrapuso esta posición al respaldo de otras formaciones políticas a la modificación normativa, que ha facilitado el traslado de miles de menores migrantes desde Canarias hacia otros territorios españoles.

También puso en cuestión las propuestas de ambas formaciones sobre las devoluciones de menores, al considerar que generan expectativas que no se corresponden con los procedimientos legales. En este sentido, se refirió a Ceuta, gobernada por el PP, y aseguró que «no se ha devuelto ningún menor», ya que estos procesos deben realizarse conforme a los requisitos establecidos por la legislación.

A juicio de Torres, las propuestas de PP y Vox conducirían a mantener a Canarias y al resto de territorios fronterizos como lugares de concentración de personas migrantes, sin una distribución de las responsabilidades de acogida.

El Gobierno cifra en 20 millones los recursos movilizados

En su defensa de la actuación del Ejecutivo central, Torres detalló las partidas económicas aprobadas para atender las necesidades derivadas de las llegadas migratorias al archipiélago. El importe asciende a 20 millones de euros, distribuidos entre diferentes administraciones y servicios.

En concreto, 15 millones están destinados a habilitar plazas de acogida en Canarias y la Península, tres millones se dirigen al Servicio Canario de la Salud y otros dos millones corresponden al Cabildo de El Hierro.

El ministro sostuvo que las medidas adoptadas están contribuyendo a reducir la presión sobre los dispositivos de emergencia y señaló que actualmente «no haya personas» alojadas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro.

Torres situó esta actuación en un contexto de llegadas que cifró en cerca de 25.000 personas a Canarias en lo que va de año, de las cuales casi 10.000 habrían arribado a El Hierro durante el mes de noviembre.

A los recursos económicos y materiales, el ministro sumó las actuaciones diplomáticas desarrolladas por España con países de origen y tránsito, especialmente Senegal y Gambia, para tratar de frenar las salidas de embarcaciones hacia el archipiélago.

Por último, al ser preguntado por los mensajes de carácter identitario relacionados con la inmigración utilizados por PP y Vox durante la campaña electoral, Torres afirmó que «Canarias no es una tierra xenófoba ni de odio» y defendió la continuidad de la cooperación institucional entre las distintas administraciones para gestionar las llegadas «acorde a la ley».

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