El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática responde a las críticas surgidas en torno al futuro del Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife y apela al criterio de los expertos.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que la posible resignificación del conocido Monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife debe abordarse desde una perspectiva técnica y no política. Sus declaraciones llegan después de que el primer teniente de alcalde de la capital tinerfeña, Carlos Tarife, planteara públicamente la conveniencia de aplicar una resignificación a la obra en lugar de proceder a su retirada.
Torres recordó que la Ley de Memoria Democrática establece mecanismos para analizar aquellos elementos vinculados a la dictadura franquista que formen parte del patrimonio histórico o artístico. En estos casos, explicó, corresponde a comisiones de expertos y organismos especializados determinar si una pieza puede mantenerse mediante un proceso de contextualización o resignificación que elimine cualquier elemento de exaltación del régimen.
El ministro insistió en que el debate no debe centrarse en posiciones ideológicas, sino en los informes técnicos y jurídicos que determinen el valor patrimonial de la obra y su encaje dentro de la normativa vigente. Asimismo, señaló que cualquier decisión deberá respetar la legislación estatal y los procedimientos establecidos.
La polémica sobre el futuro del monumento vuelve así al primer plano político en Tenerife, donde desde hace años existe un intenso debate entre quienes defienden su retirada definitiva y quienes consideran que puede conservarse con una nueva interpretación histórica que explique el contexto en el que fue construido.
Despiece: un monumento bajo debate desde hace años
El denominado Monumento a Franco, ubicado en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, es una de las obras más controvertidas del patrimonio urbano de la capital tinerfeña. Diversos informes han analizado en los últimos años su valor artístico y su vinculación con la exaltación de la figura del dictador.
La Ley de Memoria Democrática obliga a retirar o reinterpretar aquellos elementos que supongan una exaltación del franquismo, aunque contempla excepciones cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales debidamente acreditadas. Precisamente sobre esa posibilidad gira ahora el debate abierto entre administraciones y expertos.