La Fiscalía sitúa al banco en el epicentro del caso Villarejo y reclama penas que superan los 400 años de cárcel para los principales implicados.
La Fiscalía Anticorrupción ha colocado al BBVA en el centro de uno de los mayores escándalos judiciales del sistema financiero español. En su escrito de acusación, el Ministerio Público reclama una multa de 181 millones de euros a la entidad por su presunta implicación en la contratación del entramado del excomisario José Manuel Villarejo para realizar trabajos de espionaje.
El documento apunta a una operativa sistemática para obtener información sensible mediante métodos ilícitos, lo que podría constituir delitos de cohecho y revelación de secretos. Una práctica que, según la acusación, no fue puntual, sino integrada en la estrategia de defensa de intereses del banco en momentos clave.
En el foco también se sitúa el expresidente de la entidad, Francisco González, para quien se solicitan 173 años de prisión, mientras que para Villarejo la petición alcanza los 243 años, reflejando la gravedad de una trama que salpica directamente a las más altas esferas del poder financiero.
La causa, que afecta a una decena de investigados, pone bajo escrutinio el uso de recursos empresariales para prácticas presuntamente ilegales y abre un debate de fondo sobre los límites del poder corporativo en España.
El caso Villarejo entra así en su fase decisiva con el BBVA contra las cuerdas, enfrentándose no solo a una sanción millonaria, sino a un daño reputacional de gran calado que puede marcar su futuro.