La Fiscalía apunta al uso de fondos y medios del partido para sostener actividades presuntamente delictivas. El juez rechaza investigar por ahora a la formación como persona jurídica y pide completar las diligencias pendientes.

La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de que el PSOE habría puesto su estructura logística y financiera al servicio de la presunta trama de Leire Díez. Sin embargo, considera prematuro atribuir al partido la condición de investigado antes de completar las pesquisas. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado acordar esa imputación en este momento, siguiendo el criterio del Ministerio Público.

El informe fiscal sitúa en el centro de las sospechas los pagos realizados con fondos socialistas. Anticorrupción considera especialmente relevante que ese dinero pudiera haberse utilizado para sufragar actuaciones vinculadas a presuntos delitos de corrupción. La petición de investigar al PSOE como persona jurídica había sido formulada por el PP, que ejerce la acusación popular.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, Santos Cerdán habría facilitado reuniones en Ferraz y cobertura económica para el grupo. El escrito apunta también a una supuesta remuneración de 4.000 euros mensuales para Díez, canalizada mediante sociedades interpuestas. El objetivo atribuido a esas actividades era interferir en investigaciones que afectaban al partido, al Gobierno o al entorno familiar del presidente. Estas sospechas siguen pendientes de acreditación judicial.

La cuestión pendiente es determinar quién autorizó los desembolsos, qué servicios justificaban las facturas y qué controles existían. La responsabilidad penal del partido debe acreditarse de forma propia y no deducirse automáticamente de las actuaciones de sus dirigentes.

La decisión de Pedraz deja abierta una eventual imputación posterior. Anticorrupción reclama previamente las declaraciones de Cerdán, Díez, Juan Manuel Serrano y Gaspar Zarrías para avanzar en la delimitación de responsabilidades.