La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España por considerar que el nuevo sistema estatal de registro para viviendas turísticas vulnera la normativa comunitaria que entró plenamente en vigor este 20 de mayo en toda la Unión Europea.

La organización sostiene que el Ejecutivo central ha impuesto una obligación que contradice el Reglamento europeo 2024/1028, destinado a regular la recogida e intercambio de datos sobre los alojamientos de corta duración. Según ASCAV, la norma comunitaria establece que una vivienda turística no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro administrativo.

Sin embargo, la asociación denuncia que España ha creado un segundo trámite obligatorio mediante el Real Decreto 1312/2024, que obliga a los propietarios a inscribirse también en el Registro de la Propiedad a través del denominado Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital. Esta obligación se suma al registro turístico autonómico, imprescindible para poder ejercer legalmente la actividad en comunidades como Canarias.

ASCAV recuerda que la competencia en materia turística corresponde a las comunidades autónomas y asegura que la duplicidad administrativa impuesta por el Estado vulnera el artículo 4.3 del reglamento europeo.

La asociación revela además que la propia Comisión Europea ya trasladó en enero de este año sus dudas sobre la compatibilidad de la normativa española con el derecho comunitario e instó al Gobierno a corregirla. Ante la falta de cambios, ASCAV ha decidido acudir formalmente a Bruselas.

Si la Comisión aprecia indicios de incumplimiento, podría abrir un procedimiento de infracción contra España que, en última instancia, podría derivar en sanciones económicas para el Estado.