El Govern balear lleva a los tribunales al delegado del Gobierno en Canarias por ordenar el traslado de menores inmigrantes no acompañados. La presidenta Prohens acusa a Madrid de “descargar su problema” y alerta del colapso de los centros de acogida.
La tensión entre archipiélagos vuelve a estallar. El Govern de las Illes Balears ha decidido denunciar ante los tribunales al delegado del Gobierno en Canarias por las resoluciones que ordenaron el envío de menores migrantes no acompañados a las islas baleares, una decisión que la presidenta Marga Prohens califica de “imposición injusta y abusiva”.
El Ejecutivo balear ha autorizado dos recursos contencioso-administrativos contra las órdenes firmadas el 17 y el 27 de octubre por los delegados del Gobierno en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. En ellas se exigía a Baleares asumir la tutela de varios menores llegados en patera a Canarias, dentro del marco de reparto que promueve el Estado.
“Canarias traslada y el Gobierno central mira hacia otro lado”, denunció el portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, al anunciar la medida. “No se puede forzar a una comunidad autónoma a asumir lo que no puede atender. La solidaridad no puede ser una imposición”.
Según datos del propio Govern, Baleares ya acoge a más de 740 menores extranjeros no acompañados, y los centros de tutela “están al límite”. El Ejecutivo regional asegura que el Estado no ha activado los fondos extraordinarios ni la figura de “contingencia migratoria”, que habría permitido suspender los traslados mientras se reorganiza la capacidad asistencial.
Desde el Gobierno de Canarias, fuentes cercanas a la Delegación del Gobierno defienden que los traslados se han realizado conforme al Real Decreto 743/2025, que regula la redistribución nacional de menores en situación de emergencia humanitaria. “No se trata de castigar a nadie —afirman—, sino de cumplir la ley y repartir la carga de manera equitativa”.
La decisión de Baleares de acudir a los tribunales supone un nuevo golpe a la ya frágil política de coordinación entre comunidades autónomas ante la crisis migratoria. El mensaje que llega desde Palma es claro: “Canarias no puede seguir siendo el punto de entrada y Baleares no será su desahogo”.
Fuentes del Ministerio de Inclusión y Migraciones reconocen que la presión sobre el sistema de acogida “se ha disparado” tras el aumento de llegadas a Canarias durante el otoño, superando los 35.000 migrantes en lo que va de año.
El conflicto entre ambos archipiélagos evidencia, una vez más, la falta de una respuesta estatal común ante la crisis migratoria en el Atlántico. Mientras Baleares habla de “insolidaridad y abandono”, Canarias recuerda que su territorio “soporta el peso de toda Europa”.
