El Gobierno de España ha aprobado una partida de 30 millones de euros para financiar estancias en balnearios a pensionistas dentro del programa de termalismo del Imserso, una medida que llega en pleno año preelectoral y que la oposición califica como “una operación de marketing político con dinero público”.
El plan, presentado como un impulso al bienestar y al turismo termal, permitirá a más de 200.000 jubilados disfrutar de alojamiento, manutención y tratamientos termales a precios subvencionados. Sin embargo, la lectura política no se ha hecho esperar: varios partidos acusan al Ejecutivo de usar el presupuesto como herramienta electoral para reforzar su base de votantes mayores.
Mientras el Ministerio de Derechos Sociales defiende que se trata de una “inversión en salud preventiva”, la medida ha sido bautizada por sectores críticos como una “barra libre con fondos del Estado”, en un contexto de creciente presión fiscal y promesas de gasto social que muchos consideran insostenibles.
