El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves en la Comisión de Seguridad Nacional de las Cortes que no existen pruebas que permitan atribuir a Marruecos la organización o impulso de la entrada masiva de unas 70.000 personas en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Durante su comparecencia, ha reclamado evitar acusaciones contra el país vecino y ha respaldado la actuación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el debate sobre la información que recibió el Gobierno antes de la crisis.

Bolaños ha pedido a los grupos políticos que no lancen «insinuaciones y ataques al Reino de Marruecos» basados, a su juicio, en afirmaciones sin pruebas. También ha respondido al diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, al que ha reclamado que no «falte al respeto a Marruecos sin ninguna prueba» y ha recomendado realizar un «curso avanzado de diplomacia básica».

El ministro ha asegurado además que el Ejecutivo «no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud» de la llegada de personas a Ceuta. Bolaños ha atribuido la avalancha migratoria a la difusión de dos mensajes falsos en redes sociales: que la frontera estaba abierta y que quienes entraran a nado no podían ser devueltos debido a una sentencia del Tribunal Supremo.

La comparecencia también ha estado marcada por las diferencias dentro del Gobierno sobre la información disponible antes de la crisis. Bolaños se ha alineado con Marlaska en su enfrentamiento con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha defendido que el Ejecutivo no dispuso de datos precisos sobre la dimensión que alcanzaría la entrada de migrantes.

En relación con la actuación de Pedro Sánchez, Bolaños ha rechazado las críticas por la decisión de retrasar hasta el martes la declaración de emergencia y el nombramiento de un mando único. Según ha explicado, el presidente del Gobierno permaneció «todos los días al teléfono, todos los días trabajando, todos los días dando instrucciones» durante su estancia en el palacio de La Mareta.

El Gobierno ha situado ahora como prioridad la repatriación y el reagrupamiento familiar de las personas que permanecen en Ceuta, con especial atención a los menores y al respeto de sus derechos. Bolaños ha insistido en la necesidad de garantizar unas condiciones dignas de higiene, alimentación y salud mientras se completan los procedimientos para su regreso a Marruecos.

El ministro también ha señalado que entre el 1 y el 27 de agosto se han tramitado 595 expedientes de devolución en Ceuta, un 4,2% más que durante el mismo periodo del año anterior. Además, ha asegurado que el Gobierno ya ha reforzado distintos servicios judiciales y ha comprometido financiación inmediata para ampliar la plantilla de jueces cuando el Consejo General del Poder Judicial concrete las necesidades.

Desde la oposición, Cuca Gamarra ha elevado el tono de las críticas y ha acusado al Gobierno de haber dejado a Ceuta en una situación de inseguridad. La portavoz del PP en la comisión ha definido la ciudad como «el agujero negro de las libertades y derechos fundamentales de nuestro país» y ha cuestionado la respuesta de Sánchez ante la llegada masiva de personas.

Gamarra también ha señalado directamente a Marruecos, al que ha acusado de haber «consentido o alentado esta invasión». La dirigente popular ha cuestionado además al Ejecutivo sobre su relación con el país vecino y ha rechazado la explicación basada únicamente en la movilización de personas a través de redes sociales.

Junts se ha sumado a las críticas y ha planteado la posibilidad de que Marruecos pueda ejercer presión sobre miembros del Gobierno. Su diputado Josep Pagès ha vinculado sus preguntas al espionaje mediante Pegasus de los teléfonos de Pedro Sánchez, Marlaska y Robles, mientras ha acusado al Ejecutivo de actuar tarde ante la crisis migratoria.

La formación independentista ha aprovechado también la comparecencia para reclamar que Cataluña asuma las competencias sobre inmigración y control de fronteras. Junts ha registrado de nuevo una iniciativa legislativa para solicitar esa transferencia y ha advertido de que los ciudadanos catalanes no deben asumir las consecuencias de lo que considera una mala gestión del Gobierno central.