El Comité de Ministros del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, ha instado nuevamente al Estado español a adaptar su legislación a la Carta Social Europea Revisada al considerar que el actual sistema de indemnizaciones por despido improcedente no garantiza siempre una reparación adecuada para los trabajadores.

La decisión supone un nuevo revés para el modelo español de despido y refuerza las reclamaciones que desde hace años mantienen los sindicatos. Según el organismo europeo, la indemnización tasada vigente puede resultar insuficiente en determinados casos y carecer del efecto disuasorio necesario para evitar conductas empresariales contrarias a la legalidad.

Actualmente, la legislación española establece una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para los despidos improcedentes. Sin embargo, el Consejo de Europa entiende que este sistema automático no permite valorar adecuadamente los daños reales sufridos por cada trabajador ni garantiza una compensación plenamente ajustada a las circunstancias de cada caso.

Desde UGT han celebrado el pronunciamiento y han reclamado una adaptación inmediata de la normativa española a los estándares europeos. El sindicato considera que el actual modelo incumple los compromisos internacionales asumidos por España y reclama una reforma que permita indemnizaciones más justas y proporcionales.

Aunque la resolución no obliga de forma inmediata a modificar la ley, sí aumenta la presión sobre el Gobierno para abordar cambios en una materia especialmente sensible para empresarios y trabajadores. El pronunciamiento reabre además el debate sobre la posibilidad de establecer compensaciones adicionales cuando la indemnización legal resulte insuficiente para reparar el perjuicio causado.

¿Qué pide exactamente Europa?

El Consejo de Europa no cuestiona la existencia de indemnizaciones por despido, sino que considera que el sistema español debe permitir una compensación suficiente en todos los casos. El objetivo es que el trabajador pueda ser resarcido de forma efectiva y que las empresas encuentren un verdadero desincentivo económico frente a los despidos declarados improcedentes.