La Unión Europea ha aprobado un nuevo reglamento que obligará a los fabricantes de smartphones a rediseñar sus dispositivos para que las baterías puedan ser extraídas y sustituidas por los propios usuarios. La medida, que entrará en vigor en 2027, forma parte de la estrategia comunitaria para combatir la obsolescencia programada y reducir el impacto ambiental de los residuos electrónicos.

El cambio supondrá el fin de los diseños sellados y el uso de adhesivos industriales que dificultan las reparaciones, apostando por terminales más duraderos y fáciles de mantener. Bruselas busca así alargar la vida útil de los dispositivos y abaratar costes para los consumidores.

En regiones como Canarias, donde el precio de la electrónica se ve afectado por la logística, esta normativa podría traducirse en un ahorro significativo para los usuarios, al evitar la sustitución completa del móvil cuando falla la batería.