La última recomendación de la Comisión Europea sobre la fiscalidad española ha encendido las alarmas en Canarias. Bruselas considera que España debe revisar algunos tipos reducidos de IVA, entre ellos los aplicados al sector turístico y hostelero, una actividad que representa cerca del 35% del PIB canario y de la que dependen miles de empresas y trabajadores en el Archipiélago.

Aunque Canarias cuenta con un régimen fiscal propio a través del IGIC y no aplica el IVA como el resto del territorio nacional, cualquier modificación tributaria que afecte al turismo español podría tener consecuencias indirectas sobre las Islas. El sector teme que una subida de la presión fiscal en hoteles, restaurantes y servicios turísticos termine repercutiendo en los precios finales y reduzca la competitividad frente a otros destinos mediterráneos y del norte de África.

La recomendación llega además en un momento especialmente sensible para Canarias, donde los últimos datos reflejan una ligera desaceleración del crecimiento turístico tras varios años de récords. Patronales y empresarios consideran que el debate debe centrarse en mejorar la productividad y la calidad del destino, y no en elevar la carga fiscal sobre una de las principales industrias del Archipiélago.

Canarias mira a Bruselas con preocupación

La propuesta europea reabre un debate recurrente en las Islas: hasta qué punto las decisiones fiscales adoptadas en Madrid o Bruselas pueden afectar a una economía altamente dependiente del turismo. El sector recuerda que Canarias compite con destinos internacionales que mantienen ventajas fiscales para atraer visitantes y advierte de que cualquier encarecimiento del producto turístico podría restar atractivo a uno de los motores económicos fundamentales del Archipiélago.