El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha respondido a las manifestaciones de Drago Canarias sobre la necesidad de impulsar una ley de residencia para afrontar las dificultades de acceso a la vivienda en las Islas. Cabello reivindica las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico durante los últimos dos años y medio y reclama «menos titulares y más trabajo real por la vivienda».

La reacción llega después de que Drago Canarias difundiera un análisis propio, elaborado a partir de estadísticas del Consejo General del Notariado, según el cual el 36% de las viviendas vendidas en Canarias entre 2007 y 2025 fueron adquiridas por extranjeros, un total de 107.965 inmuebles. La formación asegura que irá «hasta el final» para buscar un encaje jurídico a una ley de residencia.

Cabello recuerda que el Gobierno de Canarias lleva tiempo dando esta batalla tanto en Bruselas como en Madrid, planteando la necesidad de permitir limitaciones a la adquisición de vivienda por parte de no residentes teniendo en cuenta las singularidades de las Regiones Ultraperiféricas.

El portavoz sostiene que esa reivindicación se ha trasladado a la nueva Estrategia RUP y al debate europeo sobre vivienda asequible, con el objetivo de que las instituciones comunitarias reconozcan el impacto que la presión residencial exterior puede tener sobre territorios insulares y limitados como Canarias.

Pero Cabello insiste en que el Ejecutivo autonómico no se ha quedado únicamente en las reivindicaciones. Destaca los casi 200 millones de euros destinados a vivienda, la simplificación legislativa para facilitar la disponibilidad de suelo y acelerar la construcción y las nuevas condiciones para acceder a vivienda protegida.

Entre ellas, subraya una de las medidas más relevantes: exigir un mínimo de 12 años de residencia ininterrumpida en Canarias para poder resultar adjudicatario de determinadas viviendas protegidas de promoción pública.

«Quienes construyen Canarias día a día son quienes deben tener todas las facilidades para acceder a un hogar», defiende Cabello, que marca distancias con las propuestas de Drago y sostiene que la respuesta al problema residencial debe hacerse con medidas que tengan rigor y encaje jurídico.

Para el portavoz del Ejecutivo, ahí está precisamente la diferencia entre plantear grandes anuncios y ejecutar políticas que puedan aplicarse realmente: «Menos titulares, más trabajo real por la vivienda».