Una operación de la Policía Nacional ha permitido desarticular una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Madrid y Tenerife. La actuación se ha saldado con 17 detenidos, tres de ellos en prisión provisional, y la identificación de 14 víctimas, además de una docena de mujeres consideradas potenciales afectadas por la red.

La investigación reveló que las víctimas, todas de origen venezolano, eran sometidas a un férreo control y obligadas a ejercer la prostitución para devolver supuestas deudas que oscilaban entre los 7.000 y los 9.000 euros. Los responsables de la trama gestionaban su actividad, controlaban sus movimientos y se quedaban con los beneficios obtenidos.

Según las pesquisas, las mujeres eran captadas en Venezuela aprovechando situaciones de vulnerabilidad económica y trasladadas a España bajo promesas engañosas. Una vez en territorio español, eran distribuidas entre distintos pisos utilizados para la explotación sexual en varias provincias, entre ellas Madrid, Toledo, Guadalajara, Asturias y Santa Cruz de Tenerife.

Los investigadores determinaron que las víctimas debían permanecer disponibles de forma permanente, sin posibilidad de rechazar clientes o determinadas prácticas sexuales. Además, estaban obligadas a residir en los inmuebles donde trabajaban, bajo vigilancia constante y con restricciones para salir solas del domicilio.

La organización utilizaba diversos mecanismos para mantener el control sobre las mujeres, como la imposición de sanciones económicas, la generación continua de nuevas deudas y la retirada de documentación personal. Asimismo, las víctimas eran amenazadas junto a sus familiares en sus países de origen para evitar que abandonaran la red.

Las pesquisas también apuntan a que algunos integrantes del grupo aseguraban pertenecer al grupo criminal transnacional Tren de Aragua con el objetivo de reforzar la credibilidad de las amenazas y aumentar la presión psicológica sobre las mujeres explotadas.

El caso comenzó a investigarse en agosto de 2025, después de que dos testigos alertaran a la Policía sobre la posible existencia de mujeres explotadas sexualmente en pisos ubicados en Tenerife. A partir de ese momento, los agentes fueron identificando nuevas víctimas y reconstruyendo la estructura de la organización.

La primera fase operativa se desarrolló en marzo de 2026 y permitió liberar a tres mujeres y detener a tres de los presuntos responsables de la red. Posteriormente, en mayo, fueron arrestados otros dos integrantes. El avance de la investigación condujo finalmente a una operación más amplia que confirmó la existencia de un entramado criminal asentado principalmente entre Madrid y Tenerife.

En el dispositivo policial se practicaron detenciones en las provincias de Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo. Además, los agentes intervinieron dinero en efectivo, teléfonos móviles, un ordenador portátil y documentación relacionada con la actividad investigada. También fueron bloqueados 14 activos financieros presuntamente utilizados para canalizar los beneficios obtenidos mediante la explotación de las víctimas.