El Gobierno de Canarias ha intensificado los contactos con el Ejecutivo central para avanzar en una de sus principales reivindicaciones de la legislatura: participar de forma efectiva en la gestión de los aeropuertos del Archipiélago. Tras un intenso fin de semana de reuniones y trabajo técnico, ambas administraciones encaran una fase clave de la negociación con el objetivo de acercar posiciones antes de la próxima Comisión Bilateral.

El Ejecutivo de Fernando Clavijo rechaza limitar el debate a infraestructuras menores y exige abordar también los aeropuertos de interés general, como Tenerife Sur, Tenerife Norte, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura. Canarias sostiene que su Estatuto de Autonomía ampara una mayor participación en la planificación, inversiones y estrategia aeroportuaria, siguiendo modelos similares a los pactados recientemente con Euskadi.

La negociación se ha convertido además en un asunto estratégico para las Islas por su dependencia del transporte aéreo y por las críticas al reparto de inversiones de Aena en los últimos años. El Gobierno autonómico ha llegado incluso a advertir de que estudiará acudir a los tribunales si no se producen avances reales en el reconocimiento de las competencias contempladas en el Estatuto.

Clavijo quiere para Canarias más poder aeroportuario que el logrado por Euskadi

La posición del Ejecutivo canario pasa por obtener una participación efectiva en la toma de decisiones sobre inversiones, tasas, conectividad y planificación de los aeropuertos del Archipiélago. El Gobierno regional considera que, por su condición ultraperiférica y su absoluta dependencia del transporte aéreo, Canarias debe contar con un papel más relevante que otras comunidades autónomas en la gestión de estas infraestructuras estratégicas.

Canarias reclama al Estado los 350 millones pendientes del convenio aeroportuario de 2026

El Gobierno de Canarias exige la transferencia de los 350 millones de euros correspondientes al convenio aeroportuario pendientes para 2026 y reivindica una mayor participación de la comunidad autónoma en las decisiones y competencias relacionadas con la gestión aeroportuaria. El Ejecutivo autonómico defiende que estos recursos son esenciales para garantizar la conectividad, la competitividad económica y el desarrollo de las infraestructuras estratégicas del archipiélago.