El Gobierno autonómico ha aprobado un nuevo decreto ley con medidas urgentes para hacer frente al impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio. La norma, que entrará en vigor tras su publicación oficial, deberá ser ratificada por el Parlamento de Canarias.
El paquete de actuaciones busca adaptar al archipiélago las disposiciones estatales recientes, como el Real Decreto-ley 7/2026, que no se aplican directamente en las islas debido a sus particularidades fiscales. Con ello, se pretende reforzar la protección económica en una región especialmente expuesta a factores externos.
El coste inicial de las medidas ronda los 29,8 millones de euros, aunque podría duplicarse si la situación internacional se prolonga. La iniciativa responde al encarecimiento de la energía, los combustibles y los productos básicos, con efectos directos en sectores clave como el transporte, el turismo o la industria.
Entre las principales decisiones figura la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a distintos productos energéticos, incluyendo combustibles, gas o biomasa, con el objetivo de aliviar los costes tanto para hogares como para empresas.
En paralelo, se incrementa casi en su totalidad la devolución del impuesto sobre combustibles para profesionales del transporte y del sector agrícola, lo que permitirá compensar el aumento de gastos derivados de la subida de precios.
El decreto también amplía la lista de productos básicos exentos de tributación en el IGIC, incorporando artículos como la sal, la mantequilla o el café, en una medida orientada a reducir el impacto en la cesta de la compra.
Por otro lado, se introducen cambios para favorecer a los trabajadores por cuenta propia, elevando el límite de facturación para acogerse a un régimen simplificado que reduce obligaciones fiscales y administrativas.
Asimismo, el texto contempla una dotación extraordinaria para apoyar a la industria y al sector primario, con el fin de paliar el incremento de los costes de producción y energía.