Canarias aprueba otorgar licencias a menores migrantes para jugar a fútbol federado

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha dado un paso decisivo para garantizar la inclusión de menores migrantes no acompañados en el fútbol base federado. El departamento ha instado formalmente a las federaciones deportivas a expedir las licencias necesarias para permitir su participación en competiciones autonómicas.

La medida responde a un proceso de diálogo desarrollado en las últimas semanas entre el Ejecutivo autonómico, las federaciones interinsulares y la Real Federación Española de Fútbol, con el objetivo de encontrar una solución ajustada a la legalidad y centrada en el interés superior del menor. Este trabajo conjunto ha permitido desbloquear una situación que afectaba a miles de jóvenes tutelados en el archipiélago, quienes veían limitado su acceso a la práctica deportiva.

El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, y el director general de Deportes, José Francisco Pérez, subrayaron que el Gobierno regional “no podía permanecer ajeno” a una realidad que afecta a más de 3.700 menores en situación de especial vulnerabilidad. Ambos destacaron que estos jóvenes, al estar bajo tutela pública, deben contar con las mismas oportunidades que cualquier otro menor para desarrollarse en el ámbito deportivo.

La resolución adoptada se apoya en un análisis jurídico que concluye que estos menores, en situación administrativa regular, tienen derecho a acceder al deporte federado en España. En este sentido, el Ejecutivo canario establece que las federaciones deben ajustar su actuación al marco legal estatal, evitando interpretaciones restrictivas que puedan generar desigualdad o exclusión.

Asimismo, el Gobierno autonómico recalca que la normativa internacional debe interpretarse conforme a la realidad social del archipiélago, donde estos menores no han llegado por motivos deportivos, sino en busca de protección, y se encuentran bajo la responsabilidad directa de la administración pública.