El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una norma que sustituye al Decreto 113/2015 y que, por primera vez, establece un marco legal integral para el alquiler vacacional en el archipiélago.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó durante la sesión plenaria que esta ley “marca un antes y un después en la gestión del alojamiento turístico no hotelero en las islas”, y subrayó que el objetivo es equilibrar el derecho a la vivienda con la actividad económica del turismo. “Canarias contará por fin con una regulación clara para propietarios, administraciones y ayuntamientos. Damos un paso importante, aunque no definitivo, hacia un modelo turístico más ordenado y sostenible”, afirmó De León.
La norma busca compatibilizar el alquiler vacacional con el interés general, estableciendo límites territoriales y criterios urbanísticos que hasta ahora no existían. Entre las principales medidas, se prohíbe la creación de nuevas viviendas turísticas durante un periodo de cinco años, tiempo en el que los ayuntamientos deberán elaborar planes municipales que definan dónde, cómo y cuántas de estas viviendas podrán habilitarse en cada zona.
Asimismo, el texto legal fija que solo un 10% del parque de viviendas podrá destinarse a uso vacacional, mientras que el 90% restante deberá mantenerse como residencial. Los municipios tendrán un plazo de seis meses para implantar planes de inspección que garanticen el cumplimiento de la norma.
La consejera insistió en que los pequeños propietarios que ya operan dentro del marco del decreto vigente podrán continuar con su actividad “con plena seguridad jurídica”, siempre que cumplan los requisitos de clasificación exigidos. “Cumplir con este procedimiento refuerza la transparencia y la profesionalidad del sector, y contribuye a un turismo más responsable y respetuoso con la convivencia en Canarias”, añadió.
Según los datos del Gobierno autonómico, el 44,6% de las viviendas vacacionales pertenece a particulares, mientras que más del 55% son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros. Esta situación, según De León, refuerza la necesidad de una regulación que proteja a los residentes y preserve el equilibrio territorial.
