El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, ha lanzado este miércoles desde Bruselas una seria advertencia a la Unión Europea sobre el futuro del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: si los Estados vuelven a actuar por separado ante crisis como la vivida recientemente en Ceuta, el nuevo sistema corre el riesgo de repetir los errores anteriores.

Caraballo trasladó la posición de Canarias durante una nueva sesión del Grupo de Trabajo de Migraciones de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), que el Archipiélago colidera junto a la Comunitat Valenciana y donde se están analizando los primeros meses de aplicación del Pacto Migratorio, en vigor desde el pasado 12 de junio.

Para el viceconsejero, lo ocurrido en Ceuta debe convertirse en una prueba de aprendizaje para Europa. Canarias sostiene que una crisis en una de las fronteras exteriores de la Unión no puede ser tratada únicamente como un problema del Estado directamente afectado.

«La respuesta tiene que ser europea y si no existe una unidad de acción seremos testigos de un nuevo fracaso en los territorios más accesibles y vulnerables de las fronteras exteriores», afirmó Caraballo.

El Ejecutivo canario reconoce que la Comisión Europea movilizó posteriormente recursos y anunció apoyo a España, pero considera que la solidaridad comunitaria no puede llegar cuando la emergencia ya se ha producido. El planteamiento de Canarias es que esa respuesta conjunta debe existir desde el primer minuto y no activarse únicamente después de que estalle una crisis.

La advertencia enlaza con la posición que Canarias ya había trasladado a Bruselas antes de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema europeo, cuando reclamó más solidaridad, financiación y una participación directa de las regiones fronterizas en las decisiones migratorias.

Caraballo también pidió no interpretar la reducción de las llegadas registrada durante el último año como el final de la presión migratoria sobre Canarias. La ruta atlántica continúa activa y el deterioro político y social en varios países del Sahel obliga, según el Ejecutivo autonómico, a mantener la vigilancia.