El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto que regula la incorporación de personal especializado para acompañar y prestar apoyo a personas con discapacidad y mayores que tengan que participar en procedimientos judiciales o actuaciones ante la Fiscalía.

La medida busca eliminar las barreras de comunicación y comprensión que pueden dificultar la participación de estas personas en la Justicia y garantizar que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

El nuevo recurso estará disponible para los mayores de 65 años que lo soliciten. En el caso de las personas de más de 80 años, el órgano judicial podrá acordar la intervención de un facilitador incluso sin una petición previa cuando considere que existe una necesidad de apoyo.

La persona facilitadora no sustituirá a quien recibe la asistencia ni podrá influir en sus decisiones. Su función será ayudarle a comprender la información, utilizar un lenguaje accesible, detectar las adaptaciones necesarias y facilitar la comunicación con jueces, fiscales y otros profesionales durante las distintas fases del procedimiento.

Entre sus tareas estará también elaborar un perfil individual de las necesidades de cada persona, preparar su participación en actuaciones judiciales, facilitar la comprensión de resoluciones y documentación y prestar apoyo durante la obtención de testimonios.

Siempre que sea posible, además, se procurará que el mismo profesional acompañe a la persona durante las diferentes etapas del procedimiento para garantizar una atención continuada.

Un registro específico para estos profesionales

La designación del facilitador corresponderá al órgano judicial o al Ministerio Fiscal. La solicitud podrá partir de la propia persona interesada o de alguien de su confianza debidamente autorizado. También podrá acordarse de oficio cuando se detecte la necesidad de realizar ajustes o adaptaciones.

El decreto establece requisitos de formación y experiencia para ejercer como facilitador, además de exigir determinadas titulaciones y la ausencia de antecedentes penales. Los profesionales deberán estar inscritos en el nuevo Registro Administrativo Canario de Personal Facilitador, salvo las excepciones previstas para empleados públicos.

En los casos que afecten a menores con discapacidad se exigirá, además, formación específica en infancia y adolescencia de al menos 60 horas.

El registro permitirá organizar a los facilitadores por islas y partidos judiciales para garantizar su disponibilidad y cubrir aquellos territorios en los que no haya profesionales suficientes. El sistema contará también con mecanismos de seguimiento y evaluación para comprobar la calidad y homogeneidad del servicio.

La implantación será progresiva. La figura comenzará a aplicarse en 2026 en los procedimientos penales, se extenderá en 2027 a los órganos judiciales del orden civil y llegará en 2028 al resto de órganos judiciales.