El escándalo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) detectado en Alicante, con adjudicaciones bajo sospecha y posibles fraudes en el acceso a pisos protegidos, ha vuelto a poner bajo el foco un modelo esencial para garantizar el derecho a la vivienda. En Canarias, donde el problema habitacional es ya estructural, la alerta es máxima.
Según datos y fuentes consultadas por este diario, la oferta de VPO en las Islas ha sido claramente insuficiente en los últimos cinco años, muy lejos de cubrir una demanda creciente de familias y jóvenes inscritos en el registro oficial. A ello se suma la complejidad normativa y la lentitud administrativa, factores que han limitado el despliegue de nuevas promociones.
En este contexto, el Ejecutivo de Fernando Clavijo trabaja con una hoja de ruta clara para ofrecer soluciones al problema de la vivienda. La primera gran batalla se libra en la redacción y aprobación de los Planes Generales de Ordenación (PGO), considerados clave para desbloquear suelo, agilizar proyectos y permitir un mayor impulso a la vivienda protegida en el Archipiélago.
¿Cómo se accede a una VPO en Canarias?
• Inscripción obligatoria en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.
• Cumplir los límites de ingresos establecidos por la normativa autonómica.
• No ser propietario de otra vivienda.
• Acreditar residencia legal y continuada en Canarias.
• Adjudicación mediante baremación y sorteo, según cada convocatoria.
Última promoción entregada
Las últimas promociones significativas de VPO se entregaron en 2022, impulsadas por VISOCAN y varios ayuntamientos. Desde entonces, no se han producido nuevas adjudicaciones de gran volumen, pese al aumento sostenido de la demanda.