El Gobierno de Canarias endurece su posición ante la cadena incesante de imprudencias en la costa y en espacios naturales. La futura Ley de Protección Civil y Emergencias pondrá fin a los rescates gratuitos cuando quede acreditada una conducta temeraria o negligente. Quien ignore banderas rojas, avisos oficiales o acceda a zonas prohibidas pagará el rescate y será sancionado. El Ejecutivo considera inaceptable que la irresponsabilidad individual siga costando millones de euros y poniendo en riesgo a los equipos de emergencia. No se trata de castigar accidentes, sino de frenar actitudes suicidas y abusos del sistema que convierten el salvamento público en un servicio sin consecuencias. Aquí se acaba la impunidad.