El Gobierno de Canarias ha anunciado que responderá negativamente al requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno en las islas para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias designe, en un plazo de quince días, representantes temporales de menores extranjeros no acompañados durante la fase de triaje. El Ejecutivo autonómico considera que no existe todavía un protocolo estatal que determine cómo debe desarrollarse este procedimiento ni qué administración es la competente para asumir esa función.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, trasladó esta posición a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una reunión celebrada este jueves en Madrid, después de que la Conferencia Sectorial de Inmigración fuera suspendida por falta de cuórum.

Según explicó Delgado, Canarias rechazará el requerimiento porque «no se ha establecido todavía por parte de los ministerios del Estado español cómo se va a hacer ese protocolo, quién tiene que estar en ese triaje». La consejera recordó además que ya planteó esta cuestión en la última Conferencia Sectorial de Infancia y aseguró que la ministra desconocía la existencia del requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias.

Durante el encuentro, ambas administraciones acordaron celebrar una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para abordar tanto los asuntos previstos en la Conferencia Sectorial suspendida como cualquier otra cuestión relacionada con la gestión migratoria y las necesidades específicas de Canarias como territorio frontera.

El Ejecutivo canario sostiene que resulta «especialmente llamativo» que el Estado exija el cumplimiento de obligaciones derivadas del Reglamento europeo 2024/1356 sin haber explicado previamente a las comunidades autónomas el alcance de esa normativa ni haber fijado criterios comunes para su aplicación.

Además, recuerda que el propio Gobierno central había comunicado recientemente que el mayor impacto del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo recaía sobre la Administración General del Estado y que las implicaciones para las comunidades autónomas se concretarían más adelante, acompañadas de medidas de coordinación y cooperación.

Canarias considera que el requerimiento plantea importantes dudas jurídicas y competenciales. Entre ellas, cuestiona qué administración debe designar al representante temporal del menor durante el triaje, ya que este procedimiento corresponde al Estado, mientras que las competencias autonómicas en materia de protección de menores se activan una vez concluido ese proceso y determinada la minoría de edad.

Asimismo, el Gobierno autonómico reclama conocer si ya existe un protocolo común para todo el territorio nacional o si, por el contrario, se está exigiendo a las comunidades autónomas cumplir con actuaciones que todavía no han sido definidas oficialmente.

Pese a su rechazo al requerimiento, la consejera reiteró la disposición del Ejecutivo canario a colaborar con el Estado en la protección de los menores migrantes y en la aplicación de la normativa europea, aunque insistió en que un asunto de esta relevancia debe abordarse desde la cooperación institucional, la seguridad jurídica y el respeto al reparto competencial entre administraciones.