El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 movilizará 7.000 millones de euros en toda España con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y contener la escalada de precios. Dentro de ese reparto, Canarias percibirá 371 millones de euros, situándose como la séptima comunidad autónoma en volumen de fondos.

El plan fija tres grandes líneas de actuación: un 40% destinado a la construcción de nuevas viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque existente y otro 30% en ayudas directas a ciudadanos, especialmente para facilitar el alquiler. La medida busca reforzar la vivienda pública, impulsar el alquiler asequible y mejorar edificios antiguos, en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda.

En Canarias, la situación presenta particular complejidad. La combinación de alta presión turística, escasez de suelo y salarios más bajos ha tensionado el mercado, elevando los precios del alquiler y reduciendo la oferta disponible para residentes. Los fondos se dirigirán a promover vivienda protegida, rehabilitar barrios y ampliar las ayudas, aunque distintas voces advierten de que la cuantía podría resultar insuficiente ante la magnitud del problema.

A este escenario se suma la presión migratoria en la ruta atlántica. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 8.000 personas fallecieron en 2025 en rutas irregulares, de las cuales 1.172 se produjeron en la ruta canaria, una de las más peligrosas hacia Europa. Esta realidad añade un componente humanitario y de gestión territorial que incrementa la presión sobre los recursos de las islas.

El Plan Estatal de Vivienda pretende aliviar parte de estas tensiones, pero en Canarias el desafío sigue siendo estructural: aumentar la oferta real de vivienda y equilibrar un mercado fuertemente condicionado por factores externos como el turismo y la migración.