La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Ejecutivo central una modificación urgente del procedimiento de acceso a las prestaciones previstas en la Ley ELA, al considerar que la normativa actual impone una barrera económica a muchas familias afectadas por esta enfermedad.

Durante su intervención en el Parlamento de Canarias, Delgado defendió que el Archipiélago está aplicando «con la máxima rapidez» la ley y la normativa estatal que la desarrolla, pero advirtió de que el principal problema no se encuentra actualmente en la gestión autonómica, sino en las condiciones fijadas para poder recibir la ayuda económica.

La consejera explicó que Canarias ha incorporado el nuevo grado III+ de dependencia para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica mediante el Decreto-ley 2/2026, además de agilizar la tramitación de los expedientes y crear un circuito hospitalario específico para acelerar la acreditación clínica de los pacientes.

Sin embargo, Delgado señaló que la regulación estatal establece que, aunque una persona con ELA tenga reconocido el grado III+ y cumpla los requisitos médicos, la prestación económica no puede hacerse efectiva hasta que la familia haya contratado previamente un asistente personal o un servicio de ayuda a domicilio.

Según la consejera, esta exigencia genera una «paradoja» al obligar a las familias a adelantar el coste de unos cuidados especializados para poder acceder después a una ayuda pública destinada precisamente a financiarlos.

«La normativa coloca a las familias ante una auténtica paradoja porque se les exige disponer primero de unos recursos económicos de los que, en muchos casos, carecen para poder activar una prestación concebida para garantizar esos mismos cuidados», afirmó Delgado.

Además, recordó que las comunidades autónomas no pudieron realizar aportaciones al diseño de la ley, ya que el texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado sin contar con su participación.

La responsable autonómica añadió que existe otra dificultad relacionada con la financiación, ya que el Estado únicamente transfiere los recursos a las comunidades cuando el Programa Individual de Atención (PIA) ya está aprobado y el servicio contratado, lo que puede retrasar la llegada de las ayudas.

Delgado aseguró que el Gobierno de Canarias continuará acompañando a las familias afectadas, agilizando los trámites administrativos y facilitando el acceso a las prestaciones dentro del marco legal vigente. No obstante, insistió en que es necesario modificar la normativa estatal para que las ayudas cumplan su objetivo y ninguna persona con ELA quede sin la atención necesaria por no poder asumir previamente un coste económico elevado.

«Canarias cumplirá la ley con rigor y con rapidez, pero también defenderá ante el Estado los cambios necesarios para que el acceso a estas prestaciones deje de convertirse en un obstáculo añadido para quienes ya afrontan una enfermedad extremadamente dura», concluyó la consejera.