Canarias vuelve a encender las alarmas ante las consecuencias que puede tener para el Archipiélago la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) advierte de que mantener intactas las garantías de los migrantes, especialmente de los menores y las personas vulnerables, ante los nuevos procedimientos acelerados y fronterizos supondrá un “desafío monumental”.

La organización, que agrupa a más de un centenar de entidades europeas especializadas en migración y refugio, ha elaborado un informe tras visitar Canarias y conocer sobre el terreno la situación de las Islas. Durante su estancia, sus representantes se reunieron con el Gobierno autonómico, que trasladó la saturación de los centros, las dificultades para atender a los menores y la necesidad de una mayor solidaridad del resto de comunidades autónomas.

Pero uno de los aspectos que más preocupa al Ejecutivo canario está en los plazos. La aplicación del Reglamento de Triaje permite que los migrantes permanezcan en las Islas hasta seis meses, cuando antes de la entrada en vigor del nuevo pacto la estancia rondaba aproximadamente un mes.

El Gobierno de Canarias teme que esta situación incremente todavía más la presión sobre un territorio fragmentado, ultraperiférico y situado en una de las principales fronteras migratorias del sur de Europa.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, rechaza que las Islas terminen convirtiéndose en un espacio donde los migrantes permanezcan durante meses pendientes de resolver su situación. “No podemos convertir al archipiélago en un territorio de espera e incertidumbre para quienes llegan huyendo de una situación difícil”, señala.

Canarias reclama además participar directamente en la elaboración de las decisiones europeas sobre inmigración. Caraballo sostiene que quienes gestionan el fenómeno migratorio en primera línea deben tener capacidad para intervenir en las políticas que posteriormente deberán aplicar. El Ejecutivo autonómico considera que el pacto necesita mayor solidaridad, financiación, protección efectiva para los menores y reconocer la dimensión atlántica de los movimientos migratorios.

El ECRE comparte parte de estas preocupaciones. Aunque reconoce que España dispone de una estructura institucional desarrollada y que se han realizado inversiones para incrementar la capacidad de acogida, identifica todavía importantes “desafíos estructurales” tanto en los procedimientos de asilo como en los sistemas destinados a la acogida y protección de menores.

La organización europea considera fundamental mantener los traslados desde Canarias hacia la Península con la mayor rapidez posible. El objetivo es impedir que la presión sobre los sistemas de acogida quede concentrada de forma desproporcionada en las regiones fronterizas y evitar que las personas permanezcan durante largos periodos en un limbo administrativo.

El informe también detecta retrasos en el acceso a la información sobre el procedimiento de asilo, cuellos de botella en la presentación de solicitudes y problemas relacionados con los servicios de interpretación y la calidad de las entrevistas. Especial preocupación continúa generando la situación de los menores no acompañados, considerada uno de los ámbitos más críticos del sistema de acogida.

El ECRE reclama finalmente que todas las personas que lleguen por vía marítima sean informadas desde las primeras fases sobre su derecho a solicitar protección internacional y que se establezca un mecanismo formal para registrar estas peticiones en los CATES o centros de cribado.

Para Canarias, el debate ya no pasa únicamente por gestionar las llegadas. La preocupación se centra ahora en evitar que el nuevo modelo europeo termine trasladando a las Islas buena parte del coste territorial y asistencial de una frontera que pertenece al conjunto de España y de Europa.