En Canarias hay una experiencia que comparten muchas personas, aunque pocas veces se verbalice con claridad. No tiene que ver con la falta de ideas, ni de ganas de emprender, ni siquiera con la dificultad de trabajar. Tiene que ver con algo mucho más cotidiano: la sensación de que, para poder empezar cualquier proyecto, hay que atravesar primero un largo camino de trámites, autorizaciones y esperas.
Y ese camino, en demasiadas ocasiones, termina siendo más largo que el propio proyecto.
Hay una frase que se escucha cada vez con más frecuencia entre empresarios, profesionales y emprendedores en las islas: “Aquí no es difícil trabajar… lo difícil es empezar a trabajar.” No se refiere a la falta de oportunidades ni a la ausencia de talento, sino a un problema mucho más estructural y silencioso: el exceso de burocracia y el tiempo que se consume intentando cumplir con procedimientos que, muchas veces, parecen no tener fin.
Ese tiempo, aunque no figure en los balances económicos, tiene un coste enorme para el desarrollo de Canarias.
El coste invisible que no aparece en los informes
Cuando se habla de productividad solemos pensar en tecnología, innovación o formación. Sin embargo, existe un factor que pesa tanto como esos elementos y que rara vez se mide con claridad: el tiempo que empresas y personas dedican a gestionar trámites administrativos.
Licencias que tardan meses o años, expedientes que se duplican entre distintas administraciones, normativas que cambian durante los procesos, informes que deben solicitarse en múltiples instancias… todo ello forma parte del día a día de quienes intentan poner en marcha una actividad en Canarias.
No se trata de señalar a nadie. Es el resultado de un sistema construido para garantizar el control y la seguridad jurídica, pero que, con el paso del tiempo, se ha vuelto excesivamente complejo.
Y cuando un sistema se vuelve demasiado complejo, lo que se ralentiza no es solo la gestión: se ralentiza la iniciativa.
Empresas que esperan, proyectos que no se ejecutan
Quien ha intentado abrir un negocio, ampliar una instalación industrial, rehabilitar un local o iniciar cualquier actividad económica conoce bien esta realidad.
No es extraño encontrar proyectos viables que permanecen años en fase administrativa antes de poder ejecutarse. Durante ese tiempo, las empresas continúan asumiendo costes, las condiciones del mercado cambian y, en ocasiones, la motivación inicial se va diluyendo.
El impacto no siempre es visible, pero es profundo: inversiones que se retrasan, oportunidades que se pierden y emprendedores que deciden no continuar.
Poco a poco, se instala una percepción peligrosa: la idea de que iniciar proyectos en Canarias resulta más difícil que en otros territorios.
Un problema que también afecta a las personas
La burocracia no impacta únicamente en las empresas. También forma parte de la experiencia cotidiana de los ciudadanos.
Trámites largos para acceder a ayudas, procedimientos complejos para obtener autorizaciones, gestiones repetidas para resolver cuestiones básicas… todo ello genera una sensación compartida: dedicar demasiado tiempo a cuestiones administrativas y demasiado poco a lo verdaderamente importante.
Ese desgaste no es solo económico. Es emocional.
Provoca frustración, incertidumbre y, en algunos casos, una resignación silenciosa: asumir que las cosas no pueden ser de otra manera.
Simplificar no significa desproteger
Reducir la burocracia no implica eliminar controles ni renunciar a la seguridad jurídica. Al contrario: significa hacer que los procesos sean más claros, más ágiles y coherentes.
Las economías más avanzadas no son las que menos regulan, sino las que regulan mejor. Aquellas donde los procedimientos son previsibles, los plazos se cumplen y las administraciones actúan de forma coordinada permiten a empresas y ciudadanos planificar con confianza.
Y la confianza, en cualquier sociedad, es uno de los motores más poderosos del desarrollo.
El verdadero impacto en el futuro de Canarias
En un territorio como Canarias, donde el tamaño del mercado es limitado y la competitividad depende en gran medida de la agilidad, la burocracia excesiva se convierte en un obstáculo estratégico.
No frena únicamente proyectos individuales.
Frena la capacidad colectiva de avanzar.
Cada inversión que se retrasa, cada iniciativa que se enfría y cada emprendedor que decide no continuar representa una oportunidad perdida para toda la sociedad.
Por eso, la simplificación administrativa no es un debate técnico ni secundario. Es una condición esencial para el desarrollo económico, social y humano del Archipiélago.
Recuperar el tiempo para construir futuro
Canarias tiene talento, iniciativa y una enorme capacidad para generar oportunidades. Pero ninguna sociedad puede avanzar con la agilidad que necesita si una parte importante de su energía se pierde en procedimientos interminables y en tiempos administrativos que desgastan la motivación de quienes quieren construir futuro.
Simplificar no es solo una cuestión técnica ni administrativa. Es una decisión profundamente humana. Significa devolver tiempo a las personas, confianza a las empresas y dinamismo a la economía. Significa permitir que la energía que hoy se consume en el papeleo pueda dedicarse a crear empleo, innovar y mejorar la vida de todos.
Porque en Canarias no faltan proyectos, ni ideas, ni ganas de trabajar. Lo que muchas veces falta es algo mucho más sencillo y valioso: La posibilidad de empezar sin que el tiempo se nos vaya antes de haber podido siquiera comenzar.