Candelaria Delgado ha decidido subir el tono frente al Gobierno de España. La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario salió de la reunión celebrada en Madrid dejando claro que Canarias no acepta que se presente como una solución económica lo que, a juicio del Archipiélago, ya constituye una obligación legal del Estado.

«Eso ya está recogido. No me vale el ofrecimiento», afirmó Delgado al referirse a la propuesta del Gobierno central de asumir los costes derivados del triaje de los menores migrantes no acompañados.

La posición de Canarias es clara: el problema no es quién pone el dinero, sino quién tiene la competencia y quién debe ejercerla.

El Ejecutivo autonómico entiende que el triaje de los menores que llegan a las costas forma parte de las actuaciones vinculadas al control de la frontera exterior y que, por tanto, corresponde al Estado. Canarias puede colaborar, pero no está dispuesta a aceptar que esa colaboración termine convirtiéndose en una transferencia de facto de responsabilidades.

Delgado insiste además en que determinados gastos derivados de la atención a los menores ya están contemplados en el marco vigente. De ahí su rechazo a que el ofrecimiento económico realizado desde Madrid pueda presentarse como una respuesta suficiente.

Para la consejera, pagar no resuelve el conflicto competencial.

Canarias ya ha comenzado a mover la maquinaria jurídica y está dispuesta a llevar nuevamente al Estado ante los tribunales si no se produce un cambio de posición.

No sería la primera vez.

Delgado recordó que el Gobierno de Canarias ya acudió a la Justicia por la situación de los menores con derecho a protección internacional y logró que se reconociera la responsabilidad del Estado.

Ahora el escenario vuelve a repetirse.

La consejera esperaba regresar de Madrid con una solución que permitiera desbloquear el conflicto, pero lo hizo mostrando abiertamente su decepción y dejando una advertencia clara: Canarias no renunciará a defender sus competencias ni aceptará asumir como propias obligaciones que considera estatales.

El enfrentamiento llega, además, en un momento de enorme presión sobre el sistema de acogida de las Islas. El Gobierno canario vuelve a alertar de la acumulación de menores en sus recursos y del riesgo de regresar a situaciones de saturación.

Candelaria Delgado ha marcado así una línea roja.

Canarias quiere colaboración con el Estado, pero también responsabilidades perfectamente delimitadas. Y la consejera lo resume sin rodeos: si algo ya está establecido por ley, no puede presentarse ahora como una concesión.

Si Madrid y Canarias no alcanzan un acuerdo, la última palabra volverá a estar en los tribunales.