La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha salido al paso de la sentencia que limita la celebración del Carnaval en el Puerto y La Isleta con un mensaje contundente: el Ayuntamiento recurrirá. “¿Se imaginan esto en las Fallas o en San Fermín?”, cuestionó, poniendo el foco en el alcance que podría tener este fallo sobre las grandes fiestas populares del país.
La resolución judicial, que da la razón a un grupo de vecinos por el impacto del ruido, no solo obliga a replantear la ubicación de los actos, sino que abre la puerta a indemnizaciones que rondan los 600.000 euros. En términos individuales, cada uno de los once demandantes podría percibir cerca de 40.000 euros.
El Consistorio defiende que el Carnaval es un motor económico, cultural y turístico clave para la ciudad, mientras que la justicia subraya la necesidad de garantizar derechos fundamentales como el descanso.
Con el recurso en camino, se abre ahora una batalla legal que trasciende a la capital grancanaria. El pulso entre tradición y derechos vecinales está servido… y su desenlace marcará el futuro del Carnaval.