Ceuta vivió este domingo una nueva jornada de máxima tensión social. En apenas unas horas, la ciudad pasó de una multitudinaria movilización ciudadana hasta la frontera del Tarajal a una concentración en el puerto contra la llegada del colectivo navarro Negu Gorriak-Derecho a Techo, una organización activista que trabaja con personas migrantes y que ha defendido consignas como «papeles para todos» y «vuestras fronteras, nuestras trincheras».

Más de un millar de ceutíes, convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, marcharon durante la mañana hacia el entorno fronterizo del Tarajal. La protesta reclamó mayor protección de la frontera y soluciones para una crisis que se prolonga desde la entrada masiva registrada a finales de julio. Entre las consignas se escucharon peticiones de dimisión del delegado del Gobierno y mensajes en defensa de la españolidad de Ceuta.

Horas después, el foco se trasladó al puerto. Alrededor de medio centenar de personas acudieron para mostrar su rechazo a la llegada de Negu Gorriak-Derecho a Techo. El colectivo había anunciado que viajaba con ayuda humanitaria y con la intención, según sus propias palabras, de «poner el cuerpo como escudo» ante situaciones que considera de violencia contra los migrantes. También ha difundido mensajes de «desobediencia» y «resistencia».

La protesta terminó con momentos de fuerte tensión. Algunos asistentes bloquearon y zarandearon el vehículo en el que viajaba la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras y lanzaron huevos contra el coche. La Policía Nacional tuvo que intervenir y, tras producirse enfrentamientos, agentes antidisturbios efectuaron disparos al aire. Ferreras acudió posteriormente a dependencias policiales para denunciar los hechos.

La sucesión de acontecimientos refleja la presión que soporta la ciudad. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya había advertido esta semana de que Ceuta era «un polvorín que en cualquier momento puede explotar», reclamando una respuesta coordinada del Estado y de las comunidades autónomas.

El domingo terminó así con una fotografía difícil de ignorar: ciudadanos reclamando soluciones en la propia frontera por la mañana y enfrentamientos en el puerto por la tarde. La crisis migratoria ya no se limita a una cuestión de acogida. Está afectando de lleno a la convivencia y al clima social de Ceuta.

El Gobierno, cuestionado por una crisis que no consigue cerrar

El Ejecutivo central afronta una presión creciente por la duración de la crisis y por las dificultades para recuperar completamente la normalidad en Ceuta. Las protestas ciudadanas han incluido críticas directas al Gobierno y peticiones de dimisión del delegado del Ejecutivo, mientras partidos de la oposición y distintos dirigentes autonómicos reclaman otras fórmulas de gestión.

El Gobierno sostiene, sin embargo, que ha multiplicado su capacidad de respuesta. A 15 de septiembre contabilizaba 4.160 personas alojadas en plazas temporales y anunciaba que alcanzaría las 6.000 plazas, frente a las aproximadamente 500 existentes antes de la crisis. También ha destinado nuevos recursos económicos, reforzado la presencia policial y acelerado los procedimientos de identificación, protección internacional y retorno.

Interior ha pedido además a Bruselas modificaciones que permitan acelerar los procedimientos en situaciones migratorias extraordinarias y ha confirmado una ayuda europea de 114,7 millones de euros para reforzar la acogida, la gestión fronteriza y las infraestructuras de Ceuta y Melilla.

Pero las medidas todavía no han acabado con la tensión en la calle. Y ese es ahora el principal problema político para el Ejecutivo: después de semanas de actuaciones y anuncios, una parte de la sociedad ceutí continúa reclamando una solución más rápida y visible.