El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mostró, este martes, escepticismo respecto a la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez logre sacar adelante los presupuestos anunciados recientemente para 2027. Clavijo argumentó que no se ha generado el clima de negociación necesario y recordó que, en los últimos meses, el Ejecutivo central no ha conseguido aprobar iniciativas relevantes en el Congreso: «No se ha dado el marco negociador necesario y, en los últimos meses, no se ha aprobado ningún asunto que el Ejecutivo ha llevado al Congreso”.
Ante este escenario, aseguró que el Gobierno autonómico continuará impulsando la denominada Agenda Canaria y la aprobación del Decreto Canarias con el objetivo de blindar derechos y necesidades específicas del archipiélago. Según indicó, se trata de evitar que cuestiones esenciales para las islas dependan de coyunturas políticas cambiantes.
En el ámbito interno, Clavijo defendió las políticas orientadas a corregir los desequilibrios territoriales y favorecer la igualdad de oportunidades entre los distintos municipios del archipiélago. “La desigualdad en la distribución de la población en las islas provoca problemas de cohesión, movilidad, cohesión social y pobreza; y solo se fijará la población al territorio si hay economía. Por ello, estamos inmersos en una estrategia específica para los municipios de menos de 10.000 habitantes”, explicó.
Asimismo, destacó las iniciativas destinadas al apoyo de los trabajadores autónomos, la conciliación laboral y familiar, el impulso de la educación infantil de 0 a 3 años y la mejora de infraestructuras educativas, incluidas las escuelas unitarias.
Durante su balance de gestión, el presidente sostuvo que la situación económica y social del archipiélago ha mejorado respecto al inicio de la legislatura. “A pesar del estrangulamiento financiero del Estado y las limitaciones de la regla de gasto, hemos destinado mil millones de euros más a Sanidad, 300 millones más a Educación y se han reducido las listas de espera”, afirmó.
En materia de vivienda, Clavijo defendió la necesidad de modificar el actual marco legislativo estatal. A su juicio, resulta urgente derogar la ley de vivienda porque “ha expulsado a cientos de miles de viviendas del mercado del alquiler al desproteger al propietario, que en su mayoría no son grandes tenedores”. Además, abogó por agilizar la concesión de licencias urbanísticas mediante la aplicación del silencio administrativo positivo y la colaboración de los colegios profesionales en la tramitación de expedientes.