El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, instó este miércoles a los grupos parlamentarios a mantener una posición unitaria en defensa del denominado Decreto Canarias, una propuesta de real decreto ley que el Ejecutivo autonómico remitirá próximamente al Gobierno central con el fin de recoger las demandas históricas del archipiélago amparadas por el Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria.
Clavijo trasladó personalmente a los portavoces parlamentarios el contenido del documento elaborado por los servicios jurídicos del Ejecutivo, que cuenta con 33 artículos, 10 disposiciones adicionales y tres finales, y que aborda medidas económicas, fiscales y sociales específicas para las islas.
El presidente explicó que el objetivo principal del decreto es paliar los efectos negativos de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que, según dijo, “ha impedido la ejecución de asignaciones económicas imprescindibles para mantener servicios públicos esenciales”. “Somos conscientes de que, sin estas medidas, Canarias no podrá remontar las dificultades que arrastramos tras la pandemia, la erupción volcánica y otras crisis recientes”, señaló Clavijo. “Si queremos superar problemas como el de la vivienda o la precariedad laboral, necesitamos la colaboración del Estado”, añadió.
El primer bloque del texto, titulado “Medidas de recuperación social y económica”, recoge diversas propuestas de compensación fiscal y apoyo financiero dirigidas al desarrollo del archipiélago, en reconocimiento a su condición de territorio ultraperiférico, fragmentado y alejado del continente.
Entre las medidas más destacadas figura una deducción del 60% del IRPF para los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, así como una bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades económicas en estas islas en contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal. Esta medida replicaría los incentivos aplicados actualmente en Ceuta y Melilla.
El documento también plantea un fondo de 100 millones de euros anuales entre 2026 y 2028 destinado a la reconstrucción y recuperación de La Palma, junto a 30 millones adicionales para un Plan Especial de Empleo en la isla en 2026, prorrogables al año siguiente.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico solicita al Gobierno de España la continuidad de la gratuidad del transporte público colectivo durante al menos dos años más, una medida vigente desde la pandemia. Para garantizar su aplicación, Canarias reclama una aportación estatal de 160 millones de euros anuales que cubra la financiación completa del servicio de guaguas.
Con esta iniciativa, el Gobierno canario busca que el Estado reconozca y refuerce las singularidades económicas y sociales del archipiélago, a través de un decreto que, según Clavijo, “no responde a intereses partidistas, sino al interés general de todos los canarios”.
