El Ministerio de Vivienda considera que el estudio presentado se basa en datos poco fiables y carece de un plan real de medidas, mientras los precios del alquiler siguen disparados en varios barrios de la ciudad
El Gobierno de España ha rechazado la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para declarar la ciudad como zona tensionada de vivienda, una figura que habría permitido poner límites al precio del alquiler en los barrios más afectados por la escalada de rentas.
El Ministerio de Vivienda ha devuelto el expediente al consistorio al entender que no cumple los criterios técnicos exigidos por la ley, y ha solicitado un nuevo informe con fuentes oficiales, un análisis por zonas y un cronograma de medidas a tres años.
El Ejecutivo considera que el estudio municipal no puede basarse en datos procedentes de portales privados, como Idealista o Fotocasa, ya que reflejan precios de oferta y no de transacción real. También pide sectorizar la ciudad por barrios o distritos para determinar dónde la presión residencial es más grave y diseñar políticas específicas.
Además, el Ministerio reclama un plan de actuación detallado, con objetivos y plazos, que incluya incentivos al alquiler asequible, promoción de vivienda pública y medidas fiscales para propietarios y arrendatarios.
Mientras tanto, los precios del alquiler en Las Palmas continúan en máximos históricos, con incrementos que superan el 30 % en los últimos tres años, según diversas fuentes del mercado. Colectivos sociales y plataformas vecinales advierten de que la falta de control público está expulsando a jóvenes y familias de los barrios tradicionales de la ciudad.
El Ayuntamiento ha anunciado que revisará el expediente y lo volverá a presentar en las próximas semanas, confiando en lograr la aprobación definitiva de la declaración de zona tensionada, una de las principales demandas del movimiento por el derecho a la vivienda en Canarias.
