Los saharauis han quedado fuera del proceso de regularización de inmigrantes al no ser incluidos en el decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La exclusión llega tras el informe del Consejo de Estado que alertó de “inseguridad jurídica”, pese a que los primeros borradores sí contemplaban a los solicitantes de apatridia. En consecuencia, no podrán acogerse a esta vía extraordinaria para normalizar su situación en España.

La raíz del problema es histórica. Tras la Marcha Verde y el fin de la presencia española en el Sáhara en los años 70, miles de saharauis quedaron en un vacío legal que aún persiste. Muchos no son reconocidos como españoles, tampoco como marroquíes ni como argelinos.

Al no tener una nacionalidad reconocida por ninguno de estos países, quedan en situación de apatridia, lo que dificulta su acceso a derechos básicos y bloquea su regularización. Un limbo jurídico que sigue sin resolverse décadas después.