El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la modificación de la ley autonómica de turismo para obligar a los complejos turísticos a incorporar camas elevables y carros motorizados, una medida orientada a mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso. La iniciativa salió adelante con la abstención de Vox.

La reforma responde a una reivindicación histórica del colectivo, que ya había trasladado sus demandas en la Cámara regional en 2024, y que busca reducir el impacto físico del trabajo diario. Este tipo de medidas ya se había implantado anteriormente en otros destinos turísticos como Baleares.

La norma, impulsada por el Grupo Socialista, incluye adaptaciones específicas para las denominadas islas verdes y los municipios de menor tamaño, así como un régimen sancionador en caso de incumplimiento. Además, establece un calendario flexible de aplicación hasta 2033 y contempla la exención para establecimientos patrimoniales con un máximo de 30 habitaciones.

Durante el debate parlamentario, el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), valoró positivamente la incorporación de enmiendas que tienen en cuenta la realidad de los pequeños alojamientos. En este sentido, destacó la importancia de evitar medidas desproporcionadas: es necesario legislar sin caer “en el absurdo” de imponer sanciones que puedan suponer el cierre de negocios familiares o exigir equipamientos inviables en edificios sin ascensor.

En la misma línea, Jesús Ramos (ASG) señaló que en algunas islas verdes existen alojamientos donde no es posible aplicar estas medidas o incluso no hay camareras de piso. Aun así, consideró que la aprobación supone, en términos generales, un avance: un “pequeño paso” para mejorar la salud laboral, reducir las bajas y reforzar la calidad del destino turístico, garantizando al mismo tiempo la viabilidad empresarial mediante una implantación progresiva.

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, justificó la abstención de su grupo señalando que, aunque es necesario proteger la salud de los trabajadores, la ley no evalúa suficientemente el “impacto económico” que puede tener sobre las empresas del sector.