Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra la modificación de la Ordenanza Reguladora del Tráfico de La Graciosa al considerar que la propuesta supone un retroceso en la protección ambiental de la isla. La organización solicita que se eliminen las excursiones con vehículos a motor y que la circulación quede restringida únicamente a servicios de emergencia, residentes por causas justificadas y labores de gestión del Parque Natural.
Entre los principales argumentos expuestos figura el aumento de vehículos autorizados para excursiones. La reforma plantea pasar de los dos vehículos permitidos desde 2005 a un máximo de 15, una medida que, según el colectivo, “no se encuentra suficientemente justificada” desde el punto de vista técnico, jurídico y ambiental y que podría comprometer los objetivos de conservación de uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico de Canarias.
La organización también basa su posición en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que, recuerda, ha establecido en distintas sentencias que las administraciones no pueden rebajar el nivel de protección ambiental ya alcanzado en un espacio protegido sin una justificación reforzada. En este sentido, invoca el principio de no regresión del derecho ambiental, que impide reducir las garantías de conservación ya consolidadas.
Como alternativa al modelo planteado en la modificación de la ordenanza, Ecologistas en Acción propone sustituir el transporte turístico motorizado por un programa de visitas guiadas a pie o en bicicleta. A su juicio, esta opción es la única compatible con la “especial fragilidad ambiental” de La Graciosa.
Asimismo, plantea que los desplazamientos entre los núcleos de población se realicen mediante un servicio público y colectivo, mientras que el acceso a lugares de interés como la playa de Las Conchas, Montaña Amarilla o la playa Francesa se efectúe exclusivamente caminando o en bicicleta.
La entidad recuerda que la normativa vigente desde 2005 se aprobó bajo el criterio de excepcionalidad del tráfico motorizado, priorizando los desplazamientos peatonales y ciclistas. Además, sostiene que el impacto ambiental en la isla no depende únicamente del número de vehículos, sino también de la frecuencia de circulación, el tránsito sobre pistas de tierra, la compactación del suelo, la generación de polvo, el ruido y las alteraciones sobre el paisaje y la fauna silvestre.