Cada 17 de mayo el mundo recuerda el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. La fecha marca un hecho histórico: en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Aquel paso supuso mucho más que una corrección médica o científica; representó el reconocimiento de una injusticia histórica que durante décadas nos condenó a millones de personas al señalamiento, al silencio y a la exclusión social.

Sin embargo, pensar que los avances logrados son definitivos sería un error. Los derechos nunca quedan garantizados para siempre. Dependen de la voluntad política, de la madurez democrática y del compromiso social de cada época. Lo que hoy parece consolidado puede debilitarse mañana si el discurso intolerante vuelve a ocupar espacios institucionales o mediáticos. Y eso no es una hipótesis lejana: ocurre ya en distintos lugares del mundo donde se cuestionan conquistas que parecían irreversibles.

Por esa razón, la defensa de los derechos del colectivo LGTBI no puede limitarse a las declaraciones simbólicas o a las conmemoraciones anuales. Requiere una implicación constante de la sociedad y también decisiones políticas claras que protejan la igualdad y la libertad individual. Porque cuando se recortan derechos a una minoría, en realidad se deteriora la calidad democrática de todo un país.

En ese debate también tienen un papel relevante las instituciones con influencia moral y social. El inicio del pontificado de Papa León XIV ha dejado cierta sensación de oportunidad perdida respecto al colectivo LGTBI. No se esperaba una ruptura doctrinal, pero sí quizá un gesto de empatía más explícito. Papa Francisco, con todas sus limitaciones y contradicciones, al menos logró abrir espacios de diálogo y lanzar mensajes que muchas personas interpretaron como una señal de cercanía tras años de distancia y condena. Y en determinados contextos, los gestos importan tanto como las reformas.

Al final, la cuestión es mucho más sencilla de lo que algunos pretenden convertir en debate ideológico. Ninguna institución, ningún gobierno y ninguna mayoría tiene derecho a cuestionar la identidad o la orientación sexual de otra persona. Se trata de derechos fundamentales vinculados directamente a la dignidad humana y a la libertad individual.

El 17 de mayo debe servir no solo para recordar el camino recorrido, sino también para mantener la alerta frente a cualquier retroceso. La historia demuestra que los derechos pueden perderse cuando la sociedad deja de defenderlos. Y la dignidad, igual que la igualdad no se heredan, se conquistan cada día.