El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha decidido mover ficha ante el crecimiento de las viviendas vacacionales y su impacto sobre el acceso a la vivienda. El alcalde ha impulsado la elaboración de una ordenanza municipal que permitirá regular la actividad y, si los informes técnicos así lo justifican, reducir el número de las cerca de 2.300 viviendas vacacionales existentes en el municipio.

La iniciativa irá acompañada de un estudio de capacidad de carga que analizará la realidad del mercado inmobiliario, la presión sobre el territorio, la disponibilidad de vivienda residencial y las consecuencias sociales del actual modelo turístico. Ese documento servirá de base para determinar qué límites pueden establecerse con el objetivo de recuperar vivienda para los residentes y garantizar un desarrollo más equilibrado.

La medida se enmarca en la aplicación de la Ley Canaria de Vivienda Vacacional y sitúa a Puerto de la Cruz entre los primeros municipios del Archipiélago en diseñar una regulación propia. El objetivo del Consistorio es compatibilizar la fortaleza del turismo con la necesidad de aliviar un problema habitacional que afecta cada vez a más familias, especialmente a jóvenes y trabajadores con dificultades para acceder a una vivienda en el municipio.