El mercado del alquiler en España entra en una nueva fase marcada por más control legal y mayor tensión entre propietarios e inquilinos. La normativa vigente fija un plazo máximo de un mes para devolver la fianza al finalizar el contrato, con penalizaciones económicas para los caseros que incumplan ese límite.
En paralelo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha instado a los inquilinos a enviar un burofax a sus arrendadores para acogerse a la prórroga extraordinaria de los contratos, un movimiento que busca blindar derechos ante subidas o finalizaciones.
Este doble escenario —más exigencia legal y presión política— está provocando un aumento de conflictos y consultas, evidenciando la creciente inseguridad en el acceso a la vivienda.
El alquiler, lejos de relajarse, entra en una etapa de máxima vigilancia… y de choque directo entre las dos partes.